MP persiste en abusos a críticos del Gobierno, previo a visita de la SIP

A pesar de la visita de una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para conocer el estado de la libertad de expresión en Panamá, ayer el Ministerio Público (MP) ordenó allanar la residencia del presidente del canal de televisión NEXtv, Riccardo Francolini.

Se trata de una acción judicial calificada como abusiva por parte del equipo legal del directivo de NEXtv, quien ya había sido detenido preventivamente por casi ocho meses.

En este caso, la abogada del empresario, Marcela Araúz, detalló que existe una boleta de citación a Riccardo Francolini para comparecer hoy martes ante las autoridades.

El empresario estuvo detenido desde el 12 de octubre de 2016 por un préstamo concedido por la Caja de Ahorros, el cual se canceló, y el 27 de junio recobró la libertad, tras pagar fianza de excarcelación por 1 millón de dólares.

"Francolini goza de fuero electoral, tiene una fianza otorgada, tiene a su favor un habeas corpus, ya le han indagado varias veces sobre el tema que se saca a relucir, cuyos términos de investigación están vencidos, además se le ha negado a la fiscalía la causa compleja de este caso en mención", expresó en su línea editorial, el medio televisivo.

Además, reitera que a pesar de que se ha denunciado en foros internacionales los atentados a la dignidad de Francolini, "hoy (ayer) fue acosado por las autoridades del Ministerio Público que allanaron su residencia".

Nueva fase de violaciones

Críticos del Gobierno habían denunciado una segunda ofensiva de casos judiciales, orquestados desde el Consejo de Seguridad.

Prueba de ello sería el caso del exministro de Economía Frank De Lima, quien lleva dos semanas detenido, y a quien se le hizo un allanamiento a su casa y oficina, ayer, en la investigación por contratos concedidos en la empresa estatal Tocumen S.A.

A su vez, el MP anunció 15 diligencias, entre conducciones y allanamientos, por el caso Odebrecht, tras siete meses de haberse efectuado la última acción de este tipo.

El pasado 9 de febrero, la fiscalía allanó las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca, empresa del exasesor presidencial Ramón Fonseca Mora, por lo cual fue detenido y acusado de contribuir con los sobornos de Odebrecht.

Luego, se le otorgó fianza, al igual que a su socio Jürgen Mossack.

En las acciones judiciales que emprendieron ayer los fiscales del Ministerio Público, no se conoció de ninguno de los allegados al gobierno de Juan Carlos Varela, que supuestamente tendría relación con el expediente, que haya sido conducido o citado a la fiscalía, así como sus residencias u oficinas hayan sido allanadas.

Por el contrario, los primeros nombres que salieron a relucir fueron los de adversarios políticos del gobierno panameñista.

"En Panamá existe un régimen de terror jurídico", expresó el editorial de NEXtv.