'Picuiro', tras los pasos de opositores a Varela

Los pasos de los opositores al gobierno del presidente Juan Carlos Varela siguen teniendo sombras.

Tras la liberación del exministro José Raúl Mulino y sus posteriores declaraciones contra la actual administración, varios casos considerados como persecución política han vuelto a reactivarse.

Prueba de ello es una carta divulgada el lunes por la Corte Suprema de Justicia.

El supremo panameño emitió un comunicado señalando: "El sumario seguido a José Raúl Mulino y a Alejandro Garuz no ha sido archivado ni calificado".

También aseguró que se espera una decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia, respecto a la libertad de ambas figuras.

Respecto a este pronunciamiento, Rogelio Cruz, exprocurador de la nación, argumentó que no es usual que se emita.

"La posición de la Corte debe ser imparcial... ese comunicado parece una amenaza para advertirle a Mulino que no hable mucho porque tiene una espada de Damocles en la cabeza", opinó Cruz.

La semana antepasada, cuando el escándalo que envuelve a la firma de abogados del exministro consejero y amigo del presidente Juan Carlos Varela estaba en las portadas de los principales diarios del mundo, se giraron varias detenciones por un caso legal, que involucra a exautoridades de la Caja de Seguro Social.

Carlos Tasón, quien fuera director de Innovación de la institución, fue detenido y recibió fuertes presiones para involucrar al expresidente Ricardo Martinelli en el expediente sobre supuestos sobornos recibidos por la instalación del sistema SAP en la institución.

De acuerdo con una fuente, la presión contra Tasón fue tan fuerte que su abogado renunció.

Ocurrido esto, muchos concuerdan que se debe a las fuertes críticas de los opositores contra la denominada justicia selectiva que se practica en el país, así como desviar la atención, tras lo mal parado que ha quedado el Gobierno por "los papeles de Panamá".

Esta especie de guerra sicológica se viene denunciando desde hace meses, y el responsable de la misma, según fuentes consultadas, es Rolando López, alias "Picuiro", secretario del Consejo de Seguridad.

López ha sido acusado de ser el responsable de armar los expedientes contra los adversarios políticos del Gobierno, labor que tuvo la ayuda de la actual procuradora, Kenia Porcel, cuando laboró en el Consejo de Seguridad.

Frente a esta situación, el exfiscal auxiliar Neftalí Jaén opinó que el propio López debe aclarar ante la faz del país, cuál es la verdadera función del Consejo de Seguridad Nacional.

"No es más que abordar temas como terrorismo, tráfico de armas o de personas y no para supuesta persecución política como se ha venido denunciando", señaló Jaén.

A juicio de Juan Jované, excandidato presidencial independiente, esta práctica raya con la vida democrática de un país y deja a un lado la verdadera función de dicho ente gubernamental.

"Es una entidad inoperante porque se supone que es para hacer contrainteligencia, respecto a las amenazas reales contra el Estado, pero actualmente es usado con fines políticos", expresó Jované.