Timaron a Nicaragua en escándalo de armas

El Ejército de Nicaragua aseguró ayer que fue "timado" por el crimen organizado en el desvío de un lote de fusiles de asalto AK-47 en noviembre del 2001 que terminó en manos de paramilitares colombianos, pero que supuestamente iba dirigido a la policía panameña.
"Quiero dejar claro que nos dieron vuelta (nos burlaron), no somos infalibles, nos dieron un gran golpe y hay que aceptarlo, aquí nadie pensaba lo que iba a pasar", afirmó ante la prensa el jefe de las Fuerzas Armadas nicaragüenses, general Javier Carrión.
"El Ejército actuó de buena fe y apegado a la ley (..) Evidentemente hubo un crimen organizado que afectó al país, al ejército y la policía, hubo una timada a las Fuerzas Armadas y al Estado", señaló Carrión.
Un informe divulgado en enero pasado por la Organización de Estados Americanos (OEA) acusó a Nicaragua de haber actuado con "negligencia" en la venta de 3,000 fusiles AK 47 y millones de municiones que tenían como destino Panamá, y que fueron desviados por terceros a grupos paramilitares colombianos.
La transacción original consistía en una permuta de armas entre la policía de Nicaragua y Panamá, que el ejército facilitó a través de una agencia de armas privada, denominada Grupo de Representaciones Internacionales (GIR S.A.), inscrita en Guatemala, que preside el israelí Oris Zoller.
No obstante, Zoller "buscó un cliente interesado en comprar las armas de la policía nicaragüense y se decidió por Shimon Yelinek, un comerciante de armas israelí ubicado en Panamá que presentó supuestamente órdenes de compra falsas de la Policía de Panamá para concretar el negocio con Nicaragua", indica el informe de la OEA.
El inspector general del ejército Manuel Salvatierra admitió la relación con Girsa, que afirmó "es una compañía que representa a la industria militar israelí" con la que se han mantenido relaciones comerciales desde hace nueve años, "para la compra de medios" bélicos para la policía y la institución militar.
Salvatierra dijo que jamás habían tenido problemas comerciales con Girsa, y que la operación se realizó dentro del marco legal, previo consentimiento de la Contraloría en noviembre del 2001.
Carrión por su parte manifestó que el desvío de armas ocurrió "fuera de Nicaragua" y que lo que lo que habría que preguntarse es "quién sustrajo el armamento en alta mar", después de su embarque en un puerto del Atlántico nicaragüense.
Carrión dijo que tiene documentos que "demuestran" que el Ejército nicaragüense actuó de buena fe y de forma transparente, que remitirán a la Comisión de gobierno que estudia el caso, nombrada en enero pasado por el presidente Enrique Bolaños.
El escándalo de armas involucra a altos militares nicaragüenses, entre los que figura el ex inspector general, Roberto Calderón, el ex jefe de la policía Franco Montealegre, el actual director de la institución Edwin Cordero y el ex ministro de gobernación, el diputado oficialista René Herrera, de al menos 15 personas de diferentes nacionalidades.