Dueños de tierras ven al muro con recelo
La administración ha construido sólo 150 kilómetros del muro, casi todo en tierras federales, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Unos 260 kilómetros del muro pasarán por el sur de Texas y, de esos, 230 kilómetros son en tierras de propiedad privada, reportó la agencia.
- Zolan Kanno-Youngs
- - Actualizado: 07/2/2020 - 02:26 pm
“Si se levanta el muro, será la nueva frontera”, dijo Richard Drawe, un texano que vendió tierra al Gobierno. Foto / Ilana Panich-Linsman para The New York Times.
PROGRESO, Texas — Dos días después de dar su firma al Gobierno federal, Richard Drawe se detuvo con su esposa y su madre en un dique que su familia ha tenido durante casi un siglo para observar las garzas y las espátulas rosadas.
Un muro fronterizo que aceptó con renuencia a que sea levantado en su propiedad pronto separará a esta familia texana del dique, un lago y todas esas aves.
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Drawe, de 69 años, duda que el muro sirva de mucho para detener la inmigración ilegal, y aunque apoya al presidente que lo ordenó, cree que la construcción “arruinará” su vida. Sin embargo, vender las tierras desde un principio parecía ser mejor y más barato que enfrentar al Gobierno en los tribunales.
El muro, las luces y los caminos serán construidos en alrededor de una docena de hectáreas que su abuelo compró en los años 20.
La Casa Blanca espera que los propietarios de tierras ayuden al presidente Donald J. Trump a cumplir su promesa de campaña de construir 650 kilómetros de nuevo muro fronterizo para el 2021.
La administración ha construido sólo 150 kilómetros del muro, casi todo en tierras federales, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Unos 260 kilómetros del muro pasarán por el sur de Texas y, de esos, 230 kilómetros son en tierras de propiedad privada, reportó la agencia. La administración ha adquirido sólo 5 kilómetros desde el 2017.
Empleando poderes de dominio eminente, los abogados del Gobierno de Estados Unidos pueden argumentar que la construcción del muro es una emergencia, lo que casi siempre resulta en el tribunal otorgándole al Gobierno la propiedad de la tierra, de acuerdo con Efrén C. Olivares, abogado del Proyecto de Derechos Civiles en Texas.
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El Gobierno entonces puede iniciar la construcción, aun al tiempo que los propietarios de las tierras siguen litigando durante años el pago total de las mismas.
La construcción no es en la frontera, que corre a lo largo del Río Bravo. Se ubica mucho más al interior del lado estadounidense.
El Gobierno ha acordado pagarle a Drawe alrededor de 42 mil dólares por las 5 hectáreas donde se construirá el muro y unos 197 mil dólares de compensación por reducir el valor de su granja.
Drawe dijo haber encontrado paquetes de drogas en su granja y teme que los miembros de los cárteles que Trump cita como la razón de la construcción del muro, tomen las tierras al sur del mismo.
“Si se levanta el muro, será la nueva frontera”, dijo.
Pero la realidad en la frontera ha cambiado. La administración Trump ha limitado el programa estadounidense de asilo, obligando a más de 55 mil migrantes a esperar en México. Ha firmado acuerdos que devuelven a familias a Centroamérica y limitado el número de familias que son liberadas con un citatorio para volver a un juzgado migratorio.
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Desde entonces, un túnel inacabado de 9 metros hacia México fue encontrado en Nogales, Arizona. Y 500 mil dólares en metanfetaminas y fentanil en un avión ultraligero a control remoto fueron interceptados en Tucson, Arizona, en mayo.
“Es casi como si el muro fuera obsoleto en ese punto”, dijo Michael Maldonado, el hijo de 30 años de Pamela Rivas, una propietaria que tiene 11 años de estar luchando en los juzgados contra el Gobierno. La tierra ha pertenecido a la familia desde 1890.
“Entre más tiempo podamos resistir, tal vez algo cambie”, dijo Maldonado. “Tal vez llegue una nueva administración y diga ‘¿Sabes?, no vamos a lidiar con esto’”.