Latinoamérica vive una epidemia de corrupción

De todas las estafas que han desviado recursos de los países latinoamericanos que combaten el coronavirus, la conspiración de las bolsas para cadáveres podría ser la más descarada.

El mes pasado, los fiscales de Ecuador anunciaron que habían identificado una red criminal que conspiró con funcionarios de salud para ganar un contrato de venta de bolsas para cadáveres a los hospitales por hasta 13 veces su precio real.

Luego, uno de los hombres implicados, Daniel Salcedo, huyó de Ecuador en una avioneta que se estrelló en Perú. Salcedo ahora se recupera bajo custodia de la policía ecuatoriana.

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Aún al tiempo que América Latina ha surgido como un epicentro de la pandemia, los esfuerzos por contener la crisis se han visto socavados por una letanía de escándalos de corrupción.

Decenas de funcionarios públicos y empresarios locales están acusados de explotar la crisis para su enriquecimiento personal mediante el tráfico de influencias en hospitales y la venta con sobreprecio de suministros básicos. Parte del equipo era tan defectuoso que era inservible y puede haber contribuido a más muertes.

“Hay gente muriendo en las calles porque el sistema de salud se vino abajo”, dijo Diana Salazar, la procuradora general de Ecuador. “Beneficiarse del dolor ajeno, con todas estas personas que están perdiendo a sus seres queridos, es inmoral”.

Las investigaciones en torno a fraude han llegado a los niveles más altos de gobierno. El exministro de Salud boliviano está bajo arresto domiciliario en espera de ser enjuiciado por cargos de corrupción después de que el ministerio pagó a un intermediario millones más que el costo real de 170 ventiladores —que ni siquiera funcionaban correctamente.

En Brasil, que tiene el segundo mayor número de muertes por coronavirus después de Estados Unidos —y recientemente rebasó el millón de casos reportados— los funcionarios gubernamentales de al menos siete Estados están bajo investigación por presunta malversación de más de 200 millones de dólares en fondos públicos durante la crisis.

En Colombia, el inspector general está investigando informes de que más de 100 donadores políticos recibieron contratos lucrativos para proveer suministros de emergencia durante la pandemia.

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El jefe de policía y el ministro del Interior de Perú renunciaron después de que sus subordinados compraron desinfectante diluido y cubrebocas endebles para los agentes de policía, que después comenzaron a morir a tasas alarmantes a causa del virus. Los fiscales están investigando los vínculos entre los oficiales de policía y los proveedores del equipo para determinar si confabularon para defraudar al Gobierno.

Armillón Escalante, un agente de policía en Lima, dijo que a él y sus colegas les dieron cubrebocas tan delgados como papel.

“Realmente no teníamos protección”, dijo Escalante, quien trabajaba vigilando que se respetaran las medidas de distanciamiento social en un mercado atestado junto con otros tres agentes que desde entonces murieron a causa del virus.

Escalante se infectó en abril y pasó tres semanas intubado en el hospital. Aún sufre dolor en los pulmones y le falta el aire. “No me siento igual que antes. Esta enfermedad ha dañado mis órganos”, dijo.

Cuando los fiscales peruanos comenzaron a investigar las compras, desapareció la evidencia en un edificio de la policía en Lima. Las cámaras de seguridad aparentemente no funcionaban ese día.

Más de 11 mil policías se han infectado y 200 han muerto, reporta el Gobierno, obligando el cierre de algunas comisarías.

Al declarar un estado de emergencia, varios países suspendieron algunas regulaciones que rigen los contratos públicos. “Tienes las condiciones ideales para hacer lo que se te dé la gana”, dijo Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Internacional México, un grupo anticorrupción sin fines de lucro. “Hay menos transparencia y cero supervisión independiente del Congreso”.

El sistema hospitalario federal en México devolvió ventiladores defectuosos que había ordenado al hijo del jefe de la Comisión Federal de Electricidad, después de que un grupo de vigilancia local reveló que el Gobierno había acordado pagar 85 por ciento más que la opción más barata.

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Días antes de la fallida fuga de Salcedo de Ecuador, los agentes de policía realizaron un operativo en la casa de un expresidente, Abdalá Bucaram. Descubrieron miles de tapabocas y pruebas de coronavirus.

Salazar dijo que los fiscales sospechan que un grupo criminal, que incluye a Salcedo, Bucaram y sus familiares, ha cobrado en exceso por equipos médicos a los hospitales desde 2018. El año pasado, dijo Salazar, vendieron a un hospital miles de bolsas para cadáveres por 148 dólares cada una, cuando sólo valían unos 11 dólares.

Salcedo “también ha sido proveedor durante la contingencia sanitaria”, dijo Salazar.

Los investigadores sospechan que las pruebas y las mascarillas estaban destinadas al hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, una ciudad muy golpeada por el virus.

“Para nosotros, los médicos en primera línea, es indignante ver este nivel de corrupción. Ver cómo estos contratos sobrevalorados consumen los presupuestos que deberían destinarse al equipo de protección es simplemente indignante”, dijo Alex Vivas, un médico en ese hospital.