Código de responsabilidad

Desde hace por lo menos una década, vivimos tiempos movidos debido a escándalos de corrupción y sistema de justicia precarios que, a pesar de ser los encargados de perseguir y sancionar estos delitos, resultan ser la fuente de esa plaga. El costo de la corrupción es un problema global. Según estimaciones del FMI del 2016, el coste anual pudo llegar a alcanzar entre 1.5 billones y 2 billones de dólares al año a la economía mundial, lo que supone casi el 2% del PIB del planeta. En Latinoamérica, incluso antes de escándalos como los de Odebrecht, se calcula que el costo era de aproximadamente del 58% del PIB per cápita de la región. El impacto es tal porque afecta los sistemas de contrataciones, el judicial y el financiero, creando un sistema económico paralelo y dilapidando los recursos públicos.

Esto ha significado una alerta para los sistemas de control financiero y de justicia, pero también un nuevo impulso a los mecanismos de prevención, como el compliance, que señala la función que tienen las organizaciones para establecer procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo.

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La corrupción está relacionada con una legislación desactualizada, una institucionalidad débil, un acceso deficiente a la información pública, una participación ciudadana escasa, con la existencia de conflictos de interés y por la impunidad.

Por esta razón es vital impulsar reformas que disminuyan la discrecionalidad de los ámbitos de la administración pública, por ejemplo, eliminando regulaciones innecesarias y disminuyendo trámites. Además, hay que hacer un esfuerzo consistente a la hora de fomentar la competencia sobre todo en el propio sector público a través de licitaciones y contratación de obras y servicios.

Con la intención de encontrar el camino correcto para lograr el gran desafío esperado por todos de erradicar el fenómeno de la corrupción, se han enumerado diversas propuestas para alcanzar esa transparencia de gestión en los entes públicos de la nación que, durante los últimos 10 años, se han malversado los fondos del pueblo y han colocado las arcas presupuestarias en niveles tan bajos que ha traído como consecuencia la grave tragedia de altos presupuestos de 200 mil millones de dólares con deudas internas y externas multimillonarias.

Vemos como esos inmensos recursos no se corresponden con el deterioro de la calidad de vida del panameño y siempre sin respuestas para resolver las necesidades básicas, como servicios públicos, seguridad, infraestructura, abastecimiento de medicamentos y acceso a los mismos, transporte digno, entre otros.

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Por estas razones, nace la necesidad de un nuevo código de responsabilidad, transparencia y anticorrupción de los servicios públicos con el propósito de coadyuvar en la política nacional anticorrupción para que acabe de una vez con la impunidad y se logren los niveles de transparencia requeridos, para que nuestra nación alcance el desarrollo económico que se merece.

Sin duda, combatir la corrupción tiene que ser un objetivo primordial para el Gobierno entrante, el cual tendrá que velar para que los recursos públicos sean utilizados eficazmente. Su gestión debe ir acompañada de estrategias integrales que permitan erradicar el flagelo de la corrupción, junto con un código de responsabilidad, transparencia y anticorrupción factible con una propuesta seria donde se controlen los avances presupuestarios y se confronten los resultados de las obras y las que faltan por terminar.

Las autoridades públicas deben garantizar que los intereses de los sectores público y privado encuentren cauces de representación en los procesos legislativos para avanzar en soluciones que salvaguarden el equilibrio del interés de ambas partes.

Estudiante de Maestría de UIP