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De puertos, regalías y otras cosas

Silvio Guerra Morales - Publicado:
Puerto Armuelles, Balboa y Cristóbal, otrora eran los tradicionales puertos panameños.

Nadie más hablaba de otros puertos y ni siquiera se insinuaba la posibilidad de construir nuevos o de considerar, seriamente, el desarrollo de la actividad portuaria en Panamá.

Eso fue así hasta que los grandes intereses marítimos internacionales, de cargamento de contenedores y del comercio marítimo internacional, ponen sus ojos en Panamá y empiezan a aparecer Manzanillo, Evergreen, Panama Ports, dado que comprendieron y vislumbraron la importancia del istmo panameño en dicha actividad.

El Estado, desde 1993, en el Gobierno del Presidente Endara, empezó a hacer concesiones a la empresa Motores Internacionales -Moinsa-, hoy Puerto de Manzanillo -MIT-, y es así como en agosto de 1994 concede un crédito a favor de dicho puerto en el orden de 30 millones de dólares (Ver Gaceta Oficial, martes 24 de enero de 1995).

Allí fue perturbada la economía nacional y nadie dijo nada.

Posteriormente, también la empresa Evergreen -Colon Containers- solicitó, con la llamada equiparación, exenciones y Manzanillo Internacional, mediante Contrato Ley con la Nación, recibió beneficios y reconocimientos en desmedro de las finanzas públicas por parte de los gobiernos que en los últimos dos lustros se han turnado en el ejercicio del poder.

Panama Ports, empresa portuaria de la cual mucho se ha hablado, no pasó por inadvertida la existencia de estas exoneraciones y es así como, con fundamento en las anteriores equiparaciones hechas, pidió un trato igual.

Así, y solamente así, es que podemos entender la famosa resolución ministerial del Lic.

Joaquín Jácome, Ministro de Comercio e Industrias, reconociendo un crédito a favor de dicha empresa portuaria.

Como juristas podríamos convenir en su legalidad, pero disentimos de su constitucionalidad.

Sin embargo, compete a la Corte Suprema pronunciarse sobre este aspecto que, conforme a la Carta Magna, es de la exclusiva competencia de dicha corporación de justicia.

Por ello, no dudamos que la Sala Tercera, al final de cuentas, terminará resolviendo que la exoneración hecha a Panama Ports es legal; sin embargo, queda pendiente de resolver su inconstitucionalidad.

Pero es que no solamente es Panama Ports, también lo es el Puerto de Manzanillo, Evergreen o Colón Container, y quién sabe si en el fondo lo que el Puerto de Manzanillo persigue no es otra cosa que desplazar a la competencia del medio o de la actividad en la que la ley panameña garantiza la competitividad.

Si hablamos, obviamente, de la inconstitucionalidad de esas concesiones o equiparaciones, lo cual trae como consecuencia que tengamos que retrotraer toda la discusión de los puertos panameños a fechas anteriores y que se remontan en gran parte al gobierno del presidente Endara Galimany, llegaríamos a advertir que si la Corte así lo declara, corren hacia el futuro todas esas pretensiones gubernamentales de hacer esas desafortunadas concesiones o equiparaciones portuarias.

Todo parece indicar que Manzanillo, como puerto, ha sido en varias ocasiones beneficiada por las autoridades para lo cual el puerto ha hecho uso de un supuesto y pretendido derecho de exigir esas exoneraciones.

Pero, como muestra un botón: cuando el Puerto de Manzanillo empieza a funcionar, no perdamos de vista, la actividad portuaria en el Atlántico sucumbe, cae, merced a que entrañó una competencia de un puerto privado frente a un puerto público u oficial.

Tampoco olvidemos cuántos trabajadores del Puerto de Cristóbal quedaron desempleados o cesantes.

Por otra parte, el Estado vio reducidos sus ingresos, precisamente, desde que el Puerto de Manzanillo empezó a operar.

Nos llama la atención, poderosamente, el hecho de que el Ing.

Carlos Urriola, hoy uno de los hombres pilares en el Puerto de Manzanillo -MIT-, haya sido un de los altos funcionarios de la desaparecida Autoridad Portuaria, bajo el gobierno de Endara, y siendo en ese entonces director de tal entidad el señor Jerry Salazar.

Recordemos, fue en la administración Endara que se dio la exoneración de los 30 millones de dólares hecha a Motores Internacionales.

Realmente, el tema de las exoneraciones y exenciones, las regalías de tierras que se pretenden justificar con el nombre de “tierras destinadas a la actividad portuaria”, según palabras del ministro Norberto Delgado, hacen que en nuestro país la cuestión de los puertos haya decaído en un bochornoso y penoso relajo.

Es importante que destaquemos que el Contrato-Ley suscrito entre la Nación y la empresa Panama Ports, establece en su artículo primero, una cláusula de renegociación, por lo cual instamos al estado panameño a reevaluar, previo cumplimiento del término, la exoneración hecha; pero que, al mismo tiempo, también se reevalúe al Puerto de Manzanillo, a Colon Terminal Containers, etc.

No podemos permitirnos, como panameños, que las cosas se sigan haciendo de espaldas al pueblo panameño el cual oye hablar, permanentemente, de millones y millones de dólares en los actos públicos de gobierno, pero en las bases populares de la Nación no se vislumbra ninguna mejora, no se advierte ningún beneficio.

Si existe una cláusula de renegociación entre el Gobierno y la empresa portuaria en mención, ésta debe vivenciarse.

Mas, no perdamos de vista que en nuestro medio, en nuestro territorio, ninguna empresa portuaria puede irrogarse o pretender adjudicarse el exclusivo derecho de dominar y sacar de la plaza a la competencia con ventas de “clichés” al pueblo panameño de que tal o cual empresa le han sido exonerados cientos o miles de millones de dólares.

Por mi dignidad y seriedad intelectual y profesional, me tomé el tiempo de ir a las fuentes y documentos que se relacionan con los puertos en Panamá y me encontré con la cláusula de la renegociación (Pactada en la cláusula 2.

1-del Contrato Ley-Ley No.

5 de enero 16 de 1997) ¿Qué intereses ocultos y turbios, qué mezquindades hay detrás de la desinformación? Amanecerá y veremos.

Por el momento anunciamos que nos oponemos a toda exoneración y toda regalía de tierras nacionales para que empresas portuarias incrementen sus negocios sin que haya aumento alguno en las condiciones de vida actual de los conciudadanos humildes y sufridos.

de nuestra patria y que son, en definitiva, las grandes mayorías nacionales.

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