¡Derogación ya! Ley 256
Este tipo de leyes son inaceptables, más cuando el país requiere con urgencia un plan de reactivación económica inexistente hasta el día de hoy por parte del Gobierno y todos los poderes del Estado.
Ing. Helmut De Puy.
Mis primeras palabras sean para desearles a todos mis amigos lectores un feliz año 2022, un tiempo crucial, en mi opinión, para el futuro de la economía de nuestro país.
Este año, que ha iniciado con la variante ómicron del SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, con unos altos niveles de contagios, pero menor mortalidad, nos ha permitido a los panameños entender el valor de las vacunas y el privilegio de poder acceder a ellas. Lamentablemente Panamá reporta más de 7.450 fallecidos durante la pandemia, pero los comparativos con el año anterior, sin vacunas, marcan una gran diferencia en el número de víctimas fatales del virus, por eso, amigo, no dude en vacunarse y colocarse sus refuerzos.
Pero este año inició la aplicación, creada por otro virus. Y es que, la Asamblea Nacional, en apenas tres días, aprobó la ley 256, el 26 de noviembre de 2021, donde se establece la obligación de la factura electrónica para profesiones liberales. Esta aprobación, que es un exabrupto, atenta no solo contra abogados, contadores, barberos, emprendedores y todas aquellas actividades liberales, sino que viola flagrantemente la Constitución Nacional en su artículo 40.
Este tipo de leyes son inaceptables, más cuando el país requiere con urgencia un plan de reactivación económica inexistente hasta el día de hoy por parte del Gobierno y todos los poderes del Estado. El objetivo de esta ley es crear una mayor recaudación, pero estoy seguro de que sucederá todo lo contrario. Además, beneficiará a los conocidos de quienes quieren aplicar la ley y que serán los garantes de ofrecer el servicio exclusivo de facturación electrónica en el país. Un nuevo negocio que parte de la aplicación de una nueva normativa del Gobierno y que hemos visto en otras oportunidades, al estilo hisopado de Taboga y donde aún hoy, no hay sentencia a los culpables.
Las distintas asociaciones de profesionales han salido a la protesta pública y debemos apoyarlos, no podemos ser testigos de este abuso contra nuestra clase media profesional que día a día intenta sobrevivir ante la compleja situación económica que vive nuestra nación.
Hacemos un llamado a nuestros honorables diputados para que de inmediato se derogue esta ley, se discuta con quienes son afectados y entiendan que el poder legislativo debe servir al pueblo, no servirse de él.
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