Qué gran problema representa el Estado de Derecho para los grupos de poder, no solo los políticos, sino también para los económicos, empresariales, banqueros, sindicatos, grupos civiles y sociales...
La plena vigencia del Estado de Derecho traduce una sola cosa: Aplicar el Derecho con sentido de justicia, humanidad y dignidad plenas del ser humano. Foto: EFE.
La definición del concepto Estado de Derecho, para su clara delimitación, involucra tanto a aspectos históricos como a elementos propios de la Filosofía del Derecho, de la Sociología e, inclusive, de la propia Economía.
De la Filosofía Jurídica toma sus elementos de cognición, ónticos, fenomenológicos y axiológicos.
De la Sociología adopta lo relevante de la interacción social, la razón de ser de un Estado que hace descender su poder normativo sobre la población, etc., y de la Economía se asiste de uno u otro modelo de producción que incide en la concepción del Estado y del Derecho.
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En lo que atañe a la importancia de la Historia del Estado y del Derecho, en cuanto a institutos y conceptos que han evolucionado, atravesando desde lo tribal hasta la conformación del Estado Moderno.
No cabe la menor duda que quien no conoce ese devenir mal podría comprender, en los albores del siglo XXI, la importancia de poder asistirnos del concepto, en cuanto a defensa y argumentación, del Estado de Derecho.
Sobre todo el argumento comparativo: No vivimos en autarquías, gobiernos absolutistas, sino en Estados que han adoptado un modelo civilizado de vida y de comportamiento político-jurídico regido por el Principio del Estado de Derecho, cuyo fundamento sustancial se asienta en lo que atañe al claro encuadre normativo de la dignidad humana, vida digna y el fiel respeto de los derechos humanos como ejes del Estado.
Tan así es de sencillo: Sin vigencia del Estado de Derecho sobreviene el caos, se desbordan las instituciones propias de la democracia, la vida judicial se trastoca en un aparatoso mecanismo de nula eficacia, el poder político se desvía de los fines y principios del buen gobierno, los actos de gobierno no encuentran límites ni marco jurídico en el que puedan subsumirse, y al final de cuentas, la ausencia del Estado de Derecho termina convirtiendo a las naciones en verdaderas anarquías y las poblaciones victimizadas en desmedro de sus legítimos derechos y conquistas jurídicas.
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El resultado final: pobreza, opresión, arbitrariedad, desenfrenos gubernamentales, etc.
Qué gran problema, representa el Estado de Derecho para los grupos de poder, no solo los políticos, sino también para los económicos, empresariales, banqueros, sindicatos, grupos civiles y sociales, etc., que ven en el Estado de Derecho un mero argumento a invocar cuando el poder no se ejerce, pero cuando se tiene en las manos, este deviene en un obstáculo real y verdadero que imposibilita la arbitrariedad y el desafuero en las acciones y actuaciones.
Se termina en la búsqueda desafortunada de medios, mecanismos, procedimientos, etc., al margen de la legalidad o al menos, aun cuando tengan apariencia, desviados de los fines y propósitos del Estado de Derecho.
Y he allí, el quid jus del asunto: ¿Cómo eludir o evitar la plena vigencia del Estado de Derecho que se convierte para los gobiernos en un gran obstáculo para llevar adelante acciones o adopción de medidas impopulares, corruptas, opresoras, entreguistas de los intereses nacionales, etc.?
Una gran mentira que suelen darse e inventarse los gobiernos es creer que todo lo que legislan es propio del Derecho y que por esa razón ya están en el marco del Estado de Derecho. Siguen creyendo en el peligroso paradigma del Rey Midas: Todo lo que el Estado toca se convierte en Derecho, para emular el argumento de que este rey, tras favor de Dionisio, todo lo que tocaba se convertía en oro.
La Ciencia Jurídica y la Filosofía del Derecho también han evolucionado y hoy se tiene clara comprensión que el fenómeno jurídico, si bien es cierto echa sus raíces en la legalidad, no todo lo que se presenta como la mera prescripción jurídica necesariamente tiene esencia o sustancia de "lo jurídico".
La cuestión, en grado de solución, transita por la gallardía que demuestren, frente a las acciones de inconstitucionalidad y las que se tramiten por vía de amparos de garantías constitucionales, las cortes supremas de las naciones.
En la medida que entiendan y tengan bien claro que están llamadas a preservar el Estado de Derecho, en contra del cual conspiran los gobiernos, y que la plena vigencia y defensa de los derechos humanos debe ser norte en la interpretación jurídica, y que también, hoy más que nunca, la justicia social adquiere mayor beligerancia y aplicación, etc., estas serán los legítimos paraguas que darán remanso de paz y abrigo a las muchedumbres irredentas o, para mejor decir, para las masas agonizantes de nuestra sangrada América India.
Al final de cuentas, la plena vigencia del Estado de Derecho traduce una sola cosa: Aplicar el Derecho con sentido de justicia, humanidad y dignidad plenas del ser humano. Los gobiernos pasan, la gente siempre estará allí.
Legislemos y juzguemos para el bienestar de la población.
Abogado.
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