Yo mismo he podido palpar la injerencia de los alcaldes en la justicia de paz comunitaria. Y tienen muchos elementos para ejercer presión. Desde su participación en su designación hasta el financiamiento del funcionamiento de las Casas Comunitarias de Paz. Es una Espada de Damocles sobre la cabeza de los jueces de paz.
Cuando la justicia de paz comunitaria llegó a Panamá hubo muchas expectativas positivas. Muchos pensamos, incluyéndome, que los abusos y la injerencia política de los odiosos corregidores serían cosa del pasado.
El nombramiento de abogados o graduandos en Derecho y Ciencias Políticas parecía ser una garantía de que no se repetirían las decisiones disparatadas y carentes de sustento jurídico de los mal recordados corregidores, en ocasiones impulsados por intereses políticos.
Sin embargo, los años nos han demostrado que la figura en Panamá nació viciada por consideraciones políticas.
Apoyo plenamente la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio Nacional de Abogados en contra de artículos de la Ley 16 del 17 de junio de 2016 que instituye la Jurisdicción Especial de la Justicia Comunitaria de Paz.
Yo mismo he podido palpar la injerencia de los alcaldes en la justicia de paz comunitaria.
Y tienen muchos elementos para ejercer presión. Desde su participación en su designación hasta el financiamiento del funcionamiento de las Casas Comunitarias de Paz. Es una Espada de Damocles sobre la cabeza de los jueces de paz.
Y eso atenta directamente contra todos los principios de esta figura. No puede haber transparencia ni objetividad en este modelo. La Corte Suprema tiene en sus manos enmendar estas distorsiones.
Periodista y abogado.
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