Las consecuencias penales en los procesos de consumo

Al estar los procesos de consumo identificados como derechos de tercera generación, por su carácter supranacional, las sociedades mundiales, han entendido la importancia de regular mediante leyes toda relación existente entre consumidores y agentes económicos, es por ello que nuestro país no escapa a ese hecho, ya que a través de la Ley 45 del 31 de octubre de 2007 y el Decreto Ejecutivo 46 de 23 de junio de 2009, se reglamentó todo lo concerniente a protección al consumidor.

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La protección al consumidor en la república de Panamá encierra una gama de situaciones que son parte de su competencia como lo son, procesos de reclamos por falta a la veracidad de datos en la APC, falta de aplicación de los descuentos a los beneficiarios de leyes especiales (Ley 6 de 16 de junio de 1987 sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad y la Ley 134 de 31 diciembre 2013, beneficios para personas con discapacidad), publicidad engañosa etc. En el caso de este último; es decir la publicidad engañosa, la misma va orientada a que toda rebaja u oferta suministrada a los consumidores debe ser clara y veraz, sin que adolezca de ninguna información relevante que pueda inducir al público al momento de decidir sobre la misma.

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Es por ello que administrativamente, cuando existen faltas a las normas que regulan la publicidad, se inician investigaciones, que de comprobarse la aludida infracción, culminan con una sanción pecuniaria al agente económico.

No obstante lo anterior, la publicidad en materia de consumo, al ser de gran importancia, su falta de cumplimiento además de las sanciones administrativas, conlleva consecuencias penales, a tal punto que el Código Penal de la República de Panamá, castiga esta conducta como delito contra el orden económico en atención a los derechos de los consumidores.

El artículo 240 del referido código, establece que toda oferta de productos o servicios que incluya información que no sea veraz o manifiesta características ventajosas en alusión al bien o servicio anunciado y que afecten o puedan causar perjuicios graves al consumidor acarrea una sanción de 1 a 3 años.

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Siendo así las cosas, ha quedado establecido el carácter protector del Estado frente a la mala praxis; sin embargo, es importante acotar que el primer anillo de seguridad es el propio consumidor, por tanto, es importante que antes de adquirir cualquier bien o servicio mediante una publicidad, se debe corroborar la veracidad del mismo.