Panorama político: El populismo y la tendencia a gobiernos autoritarios

La campaña "Bukele contra las maras" ha generado reacciones en todo el mundo, principalmente, en nuestra región, en donde se registran tasas de homicidios de 25.9 por cada 100 mil habitantes (UNODC, 2019). Las reacciones positivas ante aquellas medidas adoptadas por el presidente centroamericano, que para él representan no solo una forma de castigar doblemente a aquellos que cometieron un delito y cumplen condena, sino también de enviar un mensaje para aquellos que aún no han sido detenidos, me hacen pensar un poco más de si estas medidas traerán o no un resultado positivo y cuestionarme: ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar como región democrática?

La inquietud que brinca en mi cabeza obedece principalmente a que solo el 49% de los latinoamericanos prefieren vivir bajo un régimen democrático. El otro 51%, les da igual o prefieren vivir bajo un régimen autoritario (Latinobarómetro, 2021). Esto pudiera explicar la aprobación del gobierno de Bukele y sus medidas frente a la crisis de inseguridad. Pareciera que los latinoamericanos cada vez reparan menos en el sistema de gobierno siempre que les resuelva sus problemas.

Los motivos pueden ser varios y dentro de ellos es imposible excluir el agotamiento del sistema económico y político y además, el populismo que hasta la fecha ha demostrado su irreverencia ante ideologías políticas. Esto último, sin restarle importancia a lo anterior, me parece que debe ser objeto de reflexión.

Aristóteles desconfiaba de la democracia porque pensaba que si una persona era capaz de construir una idea discursiva que diera cohesión a la población frente a un descontento generalizado, el modelo político se podía ver en jaque mate (A. Vargas Llosa, 2017). En El Salvador, el discurso de combate al crimen organizado, cueste lo que cueste, no es casualidad.

Según datos estadísticos, luego de la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias económicas, la inseguridad constituye el principal problema que perciben los salvadoreños (IUOP, 2020). Algo que no deja a la imaginación el por qué detrás de estas medidas en un contexto político latinoamericano que se inclina a la izquierda luego de quedar en evidencia las deficiencias del sistema económico ante las demandas sociales de la población por la crisis sanitaria mundial. Sin mayor reparo de lo que pudiera estarse sacrificando en el altar.

En experiencias latinoamericanas pasadas, los caudillos han decretado medidas extraordinarias para hacer frente a un problema, que la población percibe o que pudiera ser prioridad para el país, saltándose el debido proceso y pasando por encima de las instituciones democráticas. Llevándolos incluso a decisiones como el cierre de las asambleas legislativas. Estas situaciones han erosionado pronunciadamente la institucionalidad de las democracias latinoamericanas que representa el principal mecanismo para superar los problemas estructurales (Acemoglu y Robinson, 2012) que producen esta inseguridad como lo son: el analfabetismo, el acceso a la educación y servicios básicos, la desigualdad en la distribución de las riquezas y la pobreza multidimensional. Este debilitamiento institucional ha sido notable en casos como el Perú, que desde el 2018 hasta la fecha, han estado cinco presidentes al mando.

Sin demeritar la importancia de la lucha contra el crimen organizado y las terribles consecuencias que este trae para sus víctimas y la población en general, soy del criterio de que deben adoptarse medidas serias para combatir la inseguridad que respeten las instituciones y autoridades de justicia que conforman el orden democrático del país. De lo contrario, en las ansias de combatir este gran desafío y obtener a su vez los réditos políticos que esto representa, pudiera comprometerse, mucho más de que se encuentra, la estabilidad democrática de la región.

Panamá debe verse en ese espejo.