Premiar la honestidad: un compromiso gubernamental con la transparencia
Es lamentable, pero en muchos contextos ocurre que los servidores públicos corruptos parecen ser premiados con impunidad, aumento salarial, favores o ascensos, mientras que quienes son honestos enfrentan el aislamiento, falta de oportunidades y reconocimiento. Este tipo de situaciones crea un ambiente tóxico en el servicio público y mina la moral de quienes buscan actuar con integridad. Para abordar esta problemática, se deben tomar medidas estructurales y culturales que reviertan esta tendencia.
Combatir la corrupción y la cultura de impunidad dentro del gobierno, es fundamental transformar el ambiente institucional, promoviendo la transparencia, la meritocracia y la ética pública, para esos hay que crear políticas que protejan a los servidores públicos honestos, establecer mecanismos de denuncia y reforzar el liderazgo ético son esenciales para evitar que los corruptos sean premiados y los íntegros sean marginados.
Además, aplicar con un enfoque integral que combine medidas legales, tecnológicas y educativas, junto con la participación ciudadana y la rendición de cuentas, se puede crear un entorno en el que la integridad sea valorada y recompensada. Solo de esta manera se puede restaurar la confianza en las instituciones y garantizar un sistema que funcione de manera equitativa, eficiente y confiable, donde los servidores públicos éticos sean reconocidos y donde la corrupción no prospera.
Los servidores públicos se merecen un sistema justo y transparente que priorice el bien común, protegiendo los recursos públicos y garantizando oportunidades iguales para todos, que promueva valores de integridad y responsabilidad, apoyando a los servidores honestos y creando mecanismos efectivos de control y sanción. Así, se puede erradicar el favoritismo y construir instituciones que realmente sirvan a la sociedad, basadas en la equidad y la transparencia.
Es necesario que en la República de Panamá se implemente este tipo de sistema de gobernanza para fomentar, la confianza ciudadana; impulsar el desarrollo de políticas públicas más justas y efectivas, empoderar a quienes actúan con transparencia; fortalecer el bien común y consolidar al gobierno que realmente sirve a los intereses de la sociedad.