La tormenta perfecta generada por los sectores dominantes

La idea de que las apariencias engañan fácilmente se puede aplicar a nuestra situación. De acuerdo con el Banco Mundial, Panamá es un país de altos ingresos, mientras que el Informe de Desarrollo Humano 2020 clasifica a nuestro país como uno de muy alto desarrollo humano. Sin embargo, una vez que se introduce el tema de la desigualdad esta visión idílica empieza a desvanecerse.

En efecto, el propio Banco Mundial incluye a Panamá entre los diez países más desiguales del mundo, ocupando el sexto lugar. Por otra parte, cuando se corrige por desigualdad el índice de desarrollo humano de nuestro país, el mismo pierde el 21.1% de su valor, de manera que su lugar en la clasificación internacional se reduce en 17 puestos. Se trata de una situación que afecta las diversas dimensiones del índice.

El indicador de la expectativa de vida se reduce en 12.0% al corregirse por desigualdad, mientras que el de educación muestra una baja de 11.4%. La mayor pérdida por desigualdad se da en el índice de ingresos, alcanzando al 39.9%.

El carácter concentrador y excluyente de la sociedad panameña, producto del modelo económico impuesto por los sectores dominantes del país, se ha visto agravado por la aparición de la pandemia de la COVID-19.

De acuerdo con estadísticas oficiales, en el 2020 el PIB se contrajo en 17.9%, mientras que la ocupación se incrementó de 7.1% de la población económicamente activa (PEA) a 18.5%. Por su parte la informalidad en actividades no agropecuarias que afectó en el 2019 al 44.9% de los ocupados, terminó impactando al 52.8% de los mismos en el 2020. El hecho de que se necesitarán por lo menos dos años para volver al nivel de actividad del 2019, mientras que la PEA sigue creciendo, llama la atención sobre la permanencia de los problemas del empleo en el futuro próximo.

Desde el punto de vista de la situación social se puede agregar que, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la pandemia podría significar que cerca de 301,000 personas adicionales quedarían en condiciones de pobreza.

Esto elevaría la tasa de pobreza en cerca de 7.1 puntos porcentuales. En términos del crecimiento de la desigualdad, el BID calcula que el coeficiente de Gini, debido a la pandemia, pasó de 51.6 a 54.2, con lo que Panamá se colocó como el país más desigual de Centro América.

En estas condiciones, los sectores económicamente dominantes en lugar de intentar desarrollar una recuperación con equidad, buscan, siguiendo la doctrina del choque, aprovechar la situación para profundizar su modelo concentrador y excluyente, trasladando el costo de la crisis hacia los sectores más vulnerables.

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Es así que, estos sectores, se proponen no solo una reforma de la seguridad social, que busca eliminar definitivamente todo vestigio de solidaridad en el mismo, avanzando, además, en su proyecto privatizador.

Así mismo, se pretende una reforma regresiva de la legislación laboral, a la vez que se crean las condiciones de privatización de la educación pública. Esta política de choque vendría acompañada de una grave dificultad: la terminación de la moratoria bancaria, que generará una fuerte presión de pago de deudas e intereses acumulados sobre la población, incluyendo a los sectores medios.

La corrupción del actual gobierno, producto del modelo electoral de los sectores dominantes, complica aún más la situación. Es así que The Economist Inteligence Unit plantea como un riesgo de elevada probabilidad que la credibilidad en el gobierno se vea completamente erosionada dada la creciente corrupción. Esto lógicamente lo mueve hacia la represión.

La oligarquía panameña ha generado una tormenta perfecta que pretende desatar sobre la población. La misma debe ser derrotada en la lucha por la seguridad social solidaria.

Economista.