Un Tribunal Constitucional

A través de los años se ha cuestionado y criticado, muchas veces con y sin fundamento, la labor de la Corte Suprema de Justicia, específicamente por la interpretación de las normas constitucionales, aunado a la demora en la decisión de los procesos que conoce, señalándose que justicia tardía no es justicia.

Y para hacerle frente a algunos de esos problemas y dar solución oportuna a los usuarios del sistema de administración de justicia, fue creada en el año 1999 la Sala Quinta de Instituciones de Garantía, con competencia exclusiva para conocer de las acciones de amparo de garantías constitucionales y hábeas corpus, de jurisdicción nacional, cuya creación, desaparición y revivicencia ha sido de conocimiento público el proceso por la que ha pasado.

Sin embargo, persiste la demora en el trámite de las demandas de inconstitucionalidad, porque con la Sala Quinta ya no son nueve, sino doce los magistrados que tienen que conocer, en Pleno, las mismas, y donde algunos no podrían tener el conocimiento técnico de lo que debe ser la interpretación de la norma constitucional, la cual no está sujeta a la aplicación estricta de una interpretación meramente literal, sino más allá.

Panamá debe copiar algunas buenas instituciones que en otros países han servido para fortalecer el Estado de Derecho y el establecimiento permanente de una paz social, tal como es el Tribunal Constitucional, propuesto por un grupo de profesores de Derecho ante la Comisión Especial de Reformas Constitucionales.

Un Tribunal Constitucional debe ser un Órgano independiente a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Debe ser un Órgano autónomo para que pueda controlar que el ejercicio de los poderes que emanan de la Constitución, se ajusten a ella y pueda velar por el Estado de Derecho.

Pero para que logre su autonomía, es necesario que esté facultado para reglamentar, que pueda nombrar a los funcionarios que lo componen, que tengan duración estable; que sea económicamente independiente, que tengan inmunidad política y que no puedan ser alcanzados por el control que la Corte Suprema de Justicia ejerce sobre los Tribunales de Justicia.

Ojalá que la Comisión Especial de Reformas Constitucionales, al crear el proyecto de reformas a la Constitución, entre septiembre y octubre, incorpore la figura del Tribunal, y que sea avalado por el Consejo de Gabinete y la Asamblea Nacional.

No hay duda de que el trabajo que viene haciendo la Comisión de Notables, así como las mesas de trabajo que coordina el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo es muy serio, por lo que deberíamos ser ambiciosos en tener a futuro con una Constitución que tenga entre sus normas instituciones jurídicas modernas, como es el Tribunal Constitucional, el cual sea garante del control constitucional.