Jóvenes de 16 años podrían participar en proceso de elección de constituyentes
El asesor Miguel Antonio Bernal informó que la flexibilidad etaria ha sido una de las propuestas más presentadas por los ciudadanos.
Los requisitos para desempeñar este rol, hasta el momento, se han establecido con base en consultas cotidianas y propuestas de los ciudadanos. Archivo
Los jóvenes de 16 años podrían ser tomados en cuenta en el proceso de elección de constituyentes y referéndum para la nueva Carta Magna de Panamá, anunció Miguel Antonio Bernal, coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), quien aclaró que la propuesta ciudadana deberá contar con el respaldo de toda la población para ser considerada en las gestiones que adelanta la institución.
La sugerencia se fundamenta en que los jóvenes de dicha edad para el 2029 serán mayores de edad, tendrán 19 años; por tanto, cuentan con la edad suficiente para ejercer su derecho al sufragio bajo las reglas que se introduzcan en este procedimiento; por tanto, se recomienda que su opinión sea valorada en la construcción del documento.
Aunque no dejó clara su postura con respecto a la recomendación de la ciudadanía, señaló que la constituyente debe ser incluyente y, de aprobarse tal disposición, sería una medida excepcional en grado y trascendencia; por ello, su objetivo es dar a conocer cuanto antes a los constituyentes para que sean admitidos o rechazados por la población.
Los requisitos para desempeñar este rol, hasta el momento, se han establecido con base en consultas cotidianas y propuestas de los ciudadanos que se han centrado en que sean panameños, mayores de edad, con probidad moral y ética certificada por los vecinos y conocimiento de la situación nacional, excluyendo de la convocatoria a quienes ocupen cargos con mando y jurisdicción o sean postulados por partidos políticos, pues tendrían ventaja sobre el resto de los seleccionados; sin embargo, ello no quiere decir que los inscritos en estas facciones no puedan participar.
"No habría candidaturas por partidos políticos, lo cual no quiere decir que si un ciudadano está matriculado no pueda ser candidato; puede serlo perfectamente. Esto no es una elección de diputados, representantes ni alcaldes; es un asunto extremadamente serio y trascendental que requiere de todos con un grado de participación, pero también de comprensión", puntualizó.
El catedrático explicó que se escogerán 51 constituyentes, como ocurrió en 1945, es decir, uno por cada 100,000 habitantes; las provincias que estén por encima del rango (medio millón) elegirán a 5 representantes. No obstante, reiteró que todo el proceso será responsabilidad de la ciudadanía; su tarea es proponer e ilustrar sobre lo que se ha adelantado durante la fase de alfabetización, pero quienes decidirán serán los electores.
"Si la gente quiere escoger gente mala, es su decisión y habrá que respetarla; si quieren escoger gente buena, lo harán, por eso hay que establecer los requisitos", agregó.
Paula Robledo Silva, profesora de la Universidad Externado de Colombia, compartió con Panamá la experiencia de su país en la construcción de un nuevo orden constitucional, advirtiendo que uno de los principales desafíos de este procedimiento es garantizar la participación de todos los sectores y la apertura de temas para que la reforma sea integral.
Mencionó que, en términos democráticos, la experiencia fue "muy positiva" para Colombia porque permitió que personas que nunca habían tenido participación política o que eran históricamente excluidas se sintieran parte de la discusión.
Panamá, a juicio de Robledo Silva, debe priorizar un mecanismo de reforma constitucional que garantice la presencia de los sectores marginados para dotar de legitimidad cualquier decisión que se tome.
El sector empresarial, por su parte, sugiere que se modifique el método de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los diputados de la Asamblea Nacional y la asignación presupuestaria.
Ana Lucrecia Tovar, secretaria de la junta directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), considera que la distribución de fondos públicos debe estar basada en resultados y ello puede reformarse a través de la Constitución con el objetivo de que sea más moderna y responda a las necesidades de la ciudadanía.