Panamá
La Asamblea aprueba proyecto para que autoridades locales que sean funcionarios puedan optar por el mejor salario, renunciando al sueldo del puesto de elección.
No hubo un debate sobre este proyecto que pasa nuevamente al Ejecutivo. Foto: Cortesía Asamblea Nacional
En un abrir y cerrar de ojos, el Pleno de la Asamblea Nacional volvió a aprobar el proyecto 890 que le da opción a alcaldes y representantes a quedarse con el mejor salario si son servidores públicos.
Este proyecto fue objetado en forma parcial por el presidente Laurentino Cortizo y fue sometido a consideración por la Comisión de Asuntos Municipales, el pasado 7 de febrero, siendo recibido por la Secretaría General del Legislativo, a las 6:27 p.m.
En la sesión de este miércoles, 8 de febrero, sin estar incluido todavía en el orden del día, el proyecto entró en discusión, luego que la bancada mayoritaria aprobara la alteración de la agenda, para que se le diera segundo debate.
Los puntos esenciales de las nuevas modificaciones es que tanto el alcalde como el representante de corregimiento, y sus suplentes, que sea funcionario gozará con licencia sin sueldo, sin embargo si el salario como autoridad electa es inferior, podrá optar por una licencia con sueldo, para lo cual deberá renunciar al salario del cargo por el cual fue elegido en elecciones generales.
En el caso de los alcaldes y representantes que laboren en la empresa privada, gozará de licencia, la cual se determinará atendiendo a lo establecido en el Código de Trabajo.
Durante el segundo debate, el diputado Juan Diego Vásquez dijo no entender como la Asamblea puede volver discutir un proyecto sobre este asunto, si ya la Corte Suprema de Justicia se pronunció en contra de las licencias con sueldo.
“Yo no puedo ser abogado y pedir salario de doctor”, dijo Vásquez, quien está de acuerdo con revisar los salarios de las autoridades locales, pero dentro de una ley general de salarios.
Por su parte, el diputado Edison Broce dijo que esta iniciativa busca más privilegios para pocos, creándole una “corona a los alcaldes y representantes para que sin hacer el trabajo, tengan por cinco años algo remunerado con el impuesto de la clase media”.
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Al momento del veto parcial del Ejecutivo, a mediados de noviembre del año pasado, el abogado Ernesto Cedeño advirtió que al final el Gobierno le estaba dejando la última palabra a los diputados.
“La esencia del veto debería ser que no puedes cobrar un sueldo por una función que no se realiza”, dejó en claro Cedeño, algo que no precisa el veto al proyecto.
En segundo debate, solo hicieron uso de la palabra los independientes Vásquez y Broce, en tanto, ni un diputado oficialista defendió la propuesta, que fue aprobada con 37 votos a favor y 8 en contra.
Mientras, este jueves, en tercer debate, ningún diputado intervino, siendo aprobado con 37 votos a favor y 5 en contra.
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