Panamá Decide
En respuesta al Gobierno de Panamá, aclara que lo que está haciendo es ampliando su sede por lo que no requiere autorización del Estado receptor.
Sede de la Embajada de Nicaragua en territorio panameño.
El Gobierno de Nicaragua ratificó que Ricardo Martinelli Berrrocal es un perseguido político por parte del Gobierno de Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo y que su vida corre peligro.
La Cancillería de Nicaragua le respondió a la panameña argumentando que en lo referente a su embajada lo que está haciendo es una ampliación y no está gestionando un nuevo espacio, por lo que no aplica la Convención de Viena.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá no acepta lo que ellos consideran como un traslado de la oficina consultar de la embajada nicaragüense, bajo el argumento de que requiere la aprobación del Estado receptor.
"Nicaragua solamente ha efectuado una ampliación de sus instalaciones diplomáticas y consulares, proporcional a los servicios que presta para atender a nuestros connacionales, dignamente", dice la carta de la Cancillería del país centroamericano.
La sede de la Embajada de Nicaragua se ubica en un dúplex por el sector de La Alameda, cerca a la Avenida Ricardo J. Alfaro.
Nicaragua, considera que la nota que le envió Panamá "no contribuye a las buenas relaciones de amistad entre ambos países ni responde a la reciprocidad en el buen trato, acogida y facilidades que nuestro Gobierno le ha brindado a la Embajada de la República de Panamá en Nicaragua".
Para el abogado Miguel Antonio Bernal, la Cancillería panameña está haciendo gala de una ignorancia inexcusable de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
"En su afán de provocar una ruptura de relaciones con Nicaragua se han salido de los cauces debidos. ¡Imperdonable proceder!", criticó el constitucionalista.
En la Embajada de Nicaragua se encuentra asilado el expresidente Ricardo Martinelli, a quien el Gobierno de Laurentino Cortizo le ha negado el salvoconducto para poder viajar a esa nación.
Asilo que le fue otorgado luego de que se reconociera que la vida del exmandatario corriera peligro.
Las diferencias diplomáticas entre ambas naciones ocurren, a pesar de las estrechas relaciones que el ré gimen militar y los gobiernos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) han sostenido con la República de Nicaragua.
Por su parte, Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (APAP), manifestó que pareciera que las relaciones exteriores de nuestro país se están llevando e una manera poca profesional.
Agregó que no existe un solo país en el mundo que le niegue a una representación diplomática ampliar sus instalaciones, salvo en situaciones de guerra que no es el mismo caso.
"El mensaje que manda Panamá con estas decisiones que son de principiantes diplomáticos parece ser muy nocivo para la buena relación entre países", argumentó el letrado.
Agregó que parece que Panamá no entiende que quien califica si una persona debe ser considerado asilado político, es el Estado asilante y como tal ellos son quienes establecen normas en sus territorios y ellos no pueden calificar desde ningún punto de vista el uso de la libertad de expresión que es un derecho básico, universal e irrenunciable.
Dijo que no pueden entender nunca el uso de la libertad de expresión como la intervención de asuntos internos de un país.
"Para que uno se meta en los asuntos internos de un país, uno tiene que ser con actuaciones bélicas, incitar al desorden público, al levantamiento de masas, esas son situaciones de orden público, no expresarse en público" explicó.
En tanto, Luis Eduardo Camacho Castro, vocero de Martinelli aseguró que: "les mandaron su para atrás. La Cancillería nicaragüense, respondió con firmeza, al último berrinche del gobierno de Cortizo-Carrizo".
Indicó Camacho que la respuesta hecha, rechaza categóricamente la queja expresada el lunes por la Cancillería panameña y asegura que Nicaragua, actúa apegada al derecho internacional, especialmente a lo referente a la Convenciones sobre Asilo.
Añade que según la Cancillería nicaragüense, es el gobierno panameño, el que viola las convenciones sobre asilo, al desconocer el asilo Político otorgado por Nicaragua al expresidente Martinelli y al negar el salvoconducto para su salida.
"Reitera que el asilo otorgado obedece a que el expresidente Martinelli, es considerado un perseguido político; cuya vida se encuentra en peligro", dijo.
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