Piden investigar contrato dado a Rogelio Saltarín

El pasado 11 de octubre, el Ejecutivo emitió un comunicado en el que reconoció, e intentó justificar, la contratación del abogado Rogelio Saltarín, señalado de participar en una trama para "armar" expedientes contra adversarios de este gobierno.

No obstante, para voceros de la sociedad civil, ese "comunicado tardío" no satisface las serias dudas de manipulación de la justicia, agravadas tras recientes publicaciones periodísticas, por lo que exigen una auditoría completa al contrato de "consultoría externa" dado a Rogelio Saltarín.

El contrato N.° 063-2014 con la firma del entonces ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, se concedió de manera directa a la firma Rogelio Saltarín, Arias y Asociados, de Rogelio Saltarín, abogado personal del presidente Juan Carlos Varela, por una suma de $20 mil mensuales, y un global de $385,200.

A pesar del hermetismo con el que esta administración manejó el tema, ya se han filtrado tanto el contrato como el informe de gestión de Rogelio Saltarín (con Memo N.° DT-260 / 2018).

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Al respecto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionicio Rodríguez, advierte lo siguiente: "Lo que se señala allí, y firmado en el informe que aparece, tiene entrevistas con personas que no debieron ser entrevistadas en esa etapa procesal. Hay preparación de testigos que no pueden ser preparados en esa etapa procesal. Eso se llama violación de normas fundamentales en materia penal y procesal penal".

Rodríguez se opone a que ahora todo quede en un simple "bochinche jurídico", y exige una auditoría completa al contrato de Saltarín. "El Colegio Nacional de Abogados levanta su voz y dice: Necesitamos explicaciones y de todo".'

Claves

Reuniones

En 18 meses, el abogado Rogelio Saltarín, de la firma Saltarín, Arias y Asociados, realizó 153 reuniones para “estudiar” los supuestos casos de corrupción, con 29 instituciones del Estado.

Contrato

De manera directa fue favorecido con un contrato de $385 mil, a razón de $20 mil mensuales, para consultorías.

Con esto coincide Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, al apuntar que es imperativo "aclarar" este tema, "para no seguir profundizando la confusión de la población".