Presentan anteproyecto de ley para eliminar recurso de 'insistencia' en refrendos de Contraloría

Una propuesta legislativa que busca eliminar el recurso de "insistencia" utilizado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para hacerse con un aumento salarial de 4 mil dólares, fue presentada ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

El anteproyecto de ley propuesto por el diputado independiente Ernesto Cedeño pretende reformar el artículo 77 de la ley 32 del 8 de noviembre de 1984, modificada por la ley 352 del 22 de diciembre de 2022, sobre la insistencia en el refrendo. 

Cedeño manifestó que considera "necesario" que este artículo se ajuste a la correcta fiscalización de los recursos del Estado, eliminando la posibilidad de que otros organismos lo utilicen a su favor para obtener incrementos salariales. 

Reiteró que los 9 magistrados están "afectando el erario de manera grosera". 

El diputado señaló que este incremento representa un desequilibrio en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y debido a que la ley permite que otros entes puedan apelar al mismo, es imperativo modificar de manera inmediata dicho artículo para que la Contraloría no se sienta obligada a refrendar estos aumentos.

La decisión de los magistrados ha sido fuertemente criticada por la población y el contralor, Anel Flores, debido a la crisis de desempleo e inestabilidad económica que enfrenta el país, pues mientras el Gobierno Nacional implementa un plan de contención del gasto para reducir el déficit fiscal, los representantes del poder judicial velan por su beneficio propio. 

Con el aumento de 4 mil dólares, los magistrados ganarán 20 veces más que el resto de los panameños, totalizando sus ingresos en 14 mil dólares. 

Aunque Flores solicitó a los magistrados reconsiderar su decisión, la CSJ no ha emitido ningún comunicado al respecto, por lo que, se presume que se mantienen en su posición de asumir este incremento. 

Entre los funcionarios que podrían beneficiarse de esta medida se encuentran: los procuradores de la Nación y de la Administración, y los jueces del Tribunal de Cuentas.