Unos 7 proyectos están a la espera de sanción o veto presidencial

La Asamblea Nacional, durante los últimos días de sesiones ordinarias, aprobó una serie de proyectos sobre temas económicos, judiciales y sociales que esperan la aprobación del presidente José Raúl Mulino. Las últimas reuniones se concentraron en las modificaciones a la Alerta Amber e intereses preferenciales, normativas que debido a su trascendencia fueron sancionadas de manera expedita, no obstante, aún hay siete proyectos aguardando la decisión del Ejecutivo.

Entre ellos destaca el proyecto de ley No. 48 que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para los delitos de hurto pecuario, una infracción que ha aumentado en los últimos años sin certeza del castigo debido a que la mayoría de los afectados retiran las denuncias después de recuperar las reses o recibir indemnizaciones.

La iniciativa presentada por el diputado Ronald De Gracia señala que quienes se apoderen de una o más cabezas de ganado que estén sueltas o amarradas en fincas, corrales, caballerizas, y promuevan este delito serán sancionados con penas de seis a ocho años de prisión. 

Igual castigo se aplicará a quienes, a sabiendas de la comisión de este delito, adquieran o comercialicen una o más cabezas de ganado hurtado o de sus productos. 

En materia judicial, también sobresale el proyecto No. 49 que modifica y adiciona artículos a ambos códigos (Penal y Procesal Penal) para aumentar las penas por delitos sexuales hasta veinticinco años dependiendo de las circunstancias.

Además, establece que para los acuerdos de pena se deberá validar la opinión de la víctima cuando se trate de delitos contra la libertad y la integridad sexual de menores de edad o personas con discapacidad. 

Otro proyecto que espera la sanción o veto del Ejecutivo es el que dicta las normas para la implementación de la economía circular como estrategia ambiental basada en el uso racional de los recursos naturales y la reducción de la contaminación causada por los residuos generados en el mercado de materiales y servicios. 

Según su proponente, el propósito de esta reglamentación es impulsar la economía de forma sostenible, es decir, quienes contaminen el ambiente deberán asumir los costos de los daños causados y costear la restauración del entorno.

El Órgano Legislativo también propone modificar la ley No. 45 de 2007, que dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia con el objetivo de que los productos en sus etiquetas incluyan los cargos correspondientes a impuestos y tasas nacionales legalmente establecidas.

La propuesta busca que todos los enseres comercializados en el país presenten el total del monto a pagar luego del recargo de impuestos para que los agentes comerciales puedan hacer un mejor uso de su presupuesto.

Tras ser enviados al Ejecutivo, dichos proyectos son evaluados por un equipo legal para determinar su posible viabilidad o improcedencia. 

Otros

Proyecto de ley No. 200

Establece la creación de un programa de alto rendimiento y medicina deportiva bajo el auspicio del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), cuyo objetivo es certificar a los atletas debidamente formados mediante procesos meritocráticos. 

Proyecto de ley No. 112

Modifica el nombre de la Comarca Kuna Yala (San Blas) a Gunayala, en una sola palabra y pegado, para respetar la identidad de los pueblos indígenas. 

Proyecto de ley No. 182

Faculta a la Secretaría Nacional de  Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) a transparentar, regular y administrar sus programas de becas. 

Dichos beneficios deberán otorgarse por méritos académicos y en función de los requerimientos del país.