Venezuela acusó hoy a los Gobiernos de 11 países latinoamericanos de supuestamente estar detrás de planes desestabilizadores comandados por Estados Unidos para poner fin a la revolución bolivariana, en el poder desde 1999.

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Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú están "pretendiendo arrogarse ilegalmente la potestad de determinar la legitimidad de las instituciones venezolanas", escribió el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en Twitter. 

"Continúa la arremetida de un grupo gobiernos satélites subordinados a los planes imperialistas estadounidenses, que alimentan el obsesivo objetivo de poner en marcha una trama desestabilizadora contra la legítima institucionalidad democrática venezolana", según un comunicado oficial.

"Los Gobiernos concernidos actúan prestando sus voces al nefasto coro que su mandante está dirigiendo para desencadenar situaciones de inestabilidad política interna que justifiquen la intervención extranjera que los factores guerreristas estadounidenses han venido anunciando sin ningún rubor", prosigue el escrito.

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El Gobierno chavista asegura que seguirá "analizando detalladamente las actitudes hostiles de estos Gobiernos y sabrá tomar decisiones que garanticen la protección del Estado y sus instituciones, en defensa de la República y la soberanía nacional".

La Administración de Nicolás Maduro saludó el sábado la "rectificación" que hicieron 10 países latinoamericanos que forman parte del Grupo de Lima sobre un punto de su última declaración, luego de un incidente en la frontera con Guyana que, según la nación caribeña, puso en riesgo su integridad territorial.

En su declaración del pasado 4 de enero, el Grupo de Lima, integrado por 14 países americanos críticos con Maduro, expresó en uno de sus puntos "preocupación" por la interceptación de dos buques de la petrolera Exxon Mobil en aguas que Venezuela y Guayana reclaman como suyas.

La declaración del Grupo de Lima instó a Maduro, además, a no asumir el nuevo período que juró el jueves ante el Supremo, por lo que Arreaza ha señalado que todo el documento "es una intromisión grosera en los asuntos internos venezolanos".

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Maduro obtuvo la reelección en mayo pasado, en unos comicios señalados de fraudulentos y en los que no participó el grueso de la oposición entre otras razones porque sus principales dirigentes fueron inhabilitados políticamente.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) no reconocen como legítima la Administración de Maduro.