PANAMÁ
Los representantes comunitarios sostienen que la presencia de reos de alto perfil podría afectar la actividad turística, principal fuente de ingreso familiar.
Sobre tema las autoridades provinciales y nacionales guardan un total hermetismo y no han informado a la molesta población el traslado de los reos a Coiba.
La reciente movilización de 29 privados de libertad hacia el Parque Nacional Coiba ha generado una profunda preocupación y el rechazo unánime de representantes del sector turístico, pescadores artesanales y residentes de las comunidades costeras del sur de la provincia de Veraguas.
Los denunciantes sostienen que la medida afecta de forma directa la seguridad local y deteriora la proyección internacional de uno de los principales destinos ecoturísticos de la República de Panamá.
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El Parque Nacional Coiba, reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad debido a su valor incalculable en la conservación del medio ambiente y los ecosistemas marinos, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica.
La llegada del grupo de reclusos ha sido interpretada por las fuerzas vivas de la provincia como un intento institucional de reactivar el uso penitenciario de la isla, emulando el antiguo penal que operó en el siglo pasado.
Entre las voces comunitarias que han manifestado su total desacuerdo figuran los dirigentes Oriel Tenorio, Odalis Camarena, Joel Espinoza, Juan Gordón, Andrés Espinoza, Jorge Espinoza, Carlos Ortega y Cirilo González.
Estos voceros, respaldados de forma unánime por los miembros de las Cámaras de Turismo de los sectores de Santa Catalina y Mariato, han solicitado formalmente al Gobierno Nacional que reconsidere la decisión y ordene el traslado de los internos a centros penales continentales adecuados para su custodia.
Los representantes comunitarios y gremiales sostienen que la presencia de reos, presuntamente de alto perfil, pone en riesgo la estabilidad de la actividad turística, la cual constituye la principal fuente de ingresos económicos y empleo para cientos de familias de la región veragüense.
Manifestaron que la situación genera alertas innecesarias de inseguridad entre los visitantes nacionales y extranjeros que arriban diariamente a la zona atraídos por la biodiversidad del archipiélago.
Hasta este mes de junio de 2026, las autoridades de la Gobernación de Veraguas y los ministerios vinculados al tema mantienen un total hermetismo y no han brindado un informe oficial a la población sobre los motivos técnicos o las condiciones en que se ejecutó el traslado de los reos.
Los dirigentes del sur de la provincia esperan que los estamentos nacionales rompan el silencio y adopten medidas urgentes que garanticen la protección estricta del patrimonio natural y la paz social de las costas de la región.
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