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Consejo de Gabinete propone cambios al régimen sobre interés preferencial para vivienda

El Proyecto de Ley Nº 09-25 regirá solo para préstamos hipotecarios otorgados a residencias principales del prestatario, desde el 1 de enero de 2026.

Redacción / nacion.pa@epasa.com / @panamaamerica - Actualizado:

Consejo de Gabinete. Foto: Cortesía

El Consejo de Gabinete aprobó el Proyecto de Ley Nº 09-25, "Que subroga la Ley 3 de 1985 que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios y dicta otras disposiciones".

Versión impresa

El Proyecto de Ley Nº 09-25 comenzará a regir sólo para préstamos hipotecarios otorgados a residencias principales del prestatario, a partir del 1 de enero de 2026.

Para poder obtener un préstamo hipotecario para compra de residencia principal, su precio no podrá exceder los ciento veinte mil balboas (B./120,000.00), incluido el valor del terreno y mejoras.

Los beneficiarios del subsidio deberán ser ciudadanos panameños o extranjeros, con residencia permanente en Panamá. El Estado subsidiará hasta un máximo del 85% de la tasa ofrecida por la entidad financiera.

El proyecto establece tres tramos preferenciales, dependiendo del precio de la vivienda.

El Tramo Preferencial Nº 1 involucra una tasa subsidiada máxima de 4.0 %, por un plazo de 8 años no renovable, para casas de hasta cincuenta mil balboas (B/. 50,000.00).

En el Tramo Preferencial Nº 2, la tasa subsidiada máxima es de 3.5 %, por un plazo de 7 años no renovable, en casas desde los cincuenta mil balboas (B/. 50,000.00); hasta ochenta mil balboas (B/. 80,000.00).

Para el Tramo Preferencial Nº 3, la tasa subsidiada máxima es de 3.0%, por un plazo de 6 años no renovable, para casas de un precio superior a los ochenta mil balboas (B/. 80,000.00) y hasta ciento veinte mil balboas (B/. 120,000.00).

El proyecto de Ley propone un esquema de financiamiento para vivienda que prioriza a los sectores con menor capacidad adquisitiva y fortalece la transparencia en la asignación de los subsidios. Igualmente, promueve un desarrollo inmobiliario equitativo y sostenible, asegurando la disponibilidad de viviendas en todo el país y ajustando los mecanismos de control para evitar distorsiones en el mercado.

A través de la Resolución de Gabinete Nº 19-25, se autoriza al Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial para presentar este proyecto de ley ante la Asamblea Nacional.

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