Defensoría del Pueblo: En riesgo derecho al acceso a la salud de privadas de libertad

Un centro penitenciario con estructuras deterioradas, con un 24.5% de la población en estado de hacinamiento, con acceso limitado a los servicios de salud, en donde el 17.06% de las internas padece de alguna enfermedad crónica, son algunos de los hallazgos que revela un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional Para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradante (MNPT), luego de una inspección realizada al Centro Femenino de Rehabilitación Doña Cecilia Orillac de Chiari (Cefere).

Durante la inspección, el equipo de trabajo de la Defensoría del Pueblo, junto al MNPT, constataron una serie de situaciones que afectan directamente las condiciones en las que se atiende a las privadas de libertad del Cefere, en especial aquellas que padecen enfermedades crónicas y condiciones de salud mental.

Se pudo conocer por parte del director médico, que entre las internas prevalecen enfermedades como hipertensión, diabetes (es una de las enfermedades de mayor incidencia), VIH, epilepsia, enfermedades vasculares y asma, entre otras, por lo que es necesario que las mismas recibían atención y tratamiento médico de forma periódica.

El no poder asistir a citas con especialistas, las cuales son asignadas en tiempos prolongados, fue una de las principales quejas señaladas por las privadas de libertad durante las entrevistas. Algunas de las entrevistadas señalaron periodos de tiempo que, incluso, exceden los seis meses o más del tiempo en que debieron haber recibido las atenciones especializadas.

En sentido, se recomendó a la dirección médica de la clínica del Cefere que elabore una guía enfocada en estándares médicos de atención cónsonos con las necesidades de la población privada de libertad, tales como, la atención diaria por hogar y mantener varios cupos diarios para urgencias que se presenten en todos los hogares del centro. A su vez, que se capacite al personal custodio en las guías técnicas indicadas para la atención, para que cuenten con los conocimientos y herramientas que les permita diferenciar una urgencia de una situación de atención normal o que no amerite dicha atención. Esta capacitación podría incluir temas relativos a primeros auxilios.

En el informe, que se publicó en la web www.defensoriadelpueblo.gob.pa, se recomienda que el Ministerio de Salud (Minsa), en conjunto con la Dirección General de Sistema Penitenciario, destinen mayores recursos para equipar con medicamentos necesarios para tratar enfermedades crónicas que padecen las internas y que evalúen alternativas que permitan priorizar la atención especializada, toma de laboratorios y estudios especializados para las privadas de libertad.

Otro de los hallazgos que revela este informe es que el Hogar 7 de Máxima Seguridad no cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad para mantener a personas privadas de libertad, de acuerdo con la Ley 55 de 2003 y otros instrumentos internacionales. Las condiciones de este lugar pueden generar situaciones de malos tratos, incluso tortura hacia las privadas de libertad, tomando en consideración que algunas de ellas  se encuentran en aislamiento de forma permanente por condiciones de salud mental.
                 
Por ello, la Defensoría del Pueblo, a través del MNPT, recomendó a la Dirección General del Sistema Penitenciario y al Ministerio de Gobierno (Mingob), el cierre permanente de dicho hogar y la habilitación de otro espacio destinado para albergar a privadas de libertad que deban ser aisladas por medidas disciplinarias.

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En cuanto a privadas de libertad con discapacidad psicosocial, las mismas también deben ser trasladadas a espacios que brinden las condiciones mínimas de habitabilidad y, asimismo, contemplar medidas terapéuticas que les proporcionen alternativas a su situación de aislamiento.

Entidades como el Minsa y Mingob, así como otros actores vinculados, deben establecer mecanismos de coordinación continua y sostenida, que permitan la evaluación de situaciones y alternativas conjuntas frente a los grandes desafíos del sistema de atención a las mujeres privadas de libertad.

También se pudo constatar que, actualmente, existe una escasez en el suministro de insumos de higiene femenino para las mujeres privadas de libertad, y en la mayoría de los casos familiares de las privadas deben suministrárselos, haciéndose más difícil esta situación en el caso de privadas de libertad extranjeras o que no reciben visita de sus familiares.