Limpiándole el rostro a la descentralización
Autoridad de Descentralización junto al Legislativo trabajan en ajustes a la ley para que la población se empodere de la elección de las obras.
Proyectos de obras públicas, como calles y aceras, son los que más se ejecutan con los fondos de de descentralización. cortesía AND
Empoderar a la población y que esta participe no solo en los procesos de formulación de proyectos para su comunidad, sino también en la fiscalización de los mismos, es el norte de las reformas que se realizarán a la Ley de Descentralización.
Luego del escándalo que estremeció la credibilidad de este sistema, tras la creación de una descentralización paralela en el gobierno anterior, lo que se necesita es darle más transparencia al sistema.
El plazo dado a las juntas comunales y municipios para que rindan cuentas sobre los fondos utilizados con el subprograma vence esta semana y, lo más seguro, es que el Ministerio Público entrará en una cantidad considerable de gobiernos locales para investigar hacia dónde fueron destinados los recursos y si se violó la ley.
Desde la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) se actúa para facilitar el manejo de los fondos por parte de juntas comunales y municipios.
Su directora general, Roxana Méndez, dijo que teniendo en cuenta que un aproximado de 500 gobiernos locales cuentan con nuevas autoridades electas se trabaja con ellos para que laboren con reglas claras y sepan con que van a contar.
Para esto, se moderniza la gestión con la digitalización de procesos y archivos.
Por otra parte, todo ajuste que no pueda ser reglamentado se está introduciendo en las reformas a la ley, cuyo debate se espera para la segunda legislatura de la Asamblea que inicia en enero.
Jorge Herrera, diputado presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea, afirmó en TVN que lo esencial de las modificaciones es que se ejerza control previo y posterior a las obras que se ejecutan y que exista una rendición de cuentas adecuada.
Sobre los procesos de consultas públicas ahora se exigirá que el participante resida en el lugar donde se va a ejecutar el proyecto.
Todavía se analiza la cantidad de personas que garantice la representatividad y legitimidad de las consultas.
Méndez señaló que esto dependerá de la población con que cuente cada corregimiento o distrito.