Tierras improductivas: el miedo detrás del rechazo al embalse en río Indio

El rechazo de las comunidades campesinas a la construcción de un embalse en río Indio no busca atacar el proyecto en sí; proviene de sus miedos a quedar sin tierras fértiles para alimentarse, llevar el sustento diario a sus hogares y subsistir. Aseguran sentirse olvidados por las autoridades; por tanto, desconfían de sus promesas; esa incertidumbre es la que los lleva a oponerse a la obra.

Iris Gallardo Bethancourt, residente del sector de Guásimo de Río Indio en Donoso, provincia de Colón, teme ser reasentada en terrenos en los que "no pega ni un culanto" porque su principal medio de subsistencia es la agricultura; lleva años abasteciéndose del río y sus áreas aledañas y no quiere dejar de hacerlo.

"Los que vivimos en la ribera del río y áreas del campo sabemos lo fundamental que es la productividad de las tierras; el río y la tierra lo son todo porque vivimos y dependemos de ellos", expresó.

La moradora siente que las autoridades están poniendo en riesgo sus recursos y calidad de vida; por ello, apoya la solicitud del resto de las comunidades que exigen que se suspenda el proyecto para dialogar, aclarar dudas, poner las cartas sobre la mesa y elegir la mejor opción para el país.

El recelo de algunos habitantes ha ocasionado incluso que se opongan al censo que realiza la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para calcular el número de afectados porque creen que la estadística será utilizada para decir que dieron su permiso a los reasentamientos, cuando no es así; el 70% está en desacuerdo con esta medida.

Gallardo Bethancourt, en ese sentido, considera que la data de la entidad tiene inconsistencias; mientras la ACP estima que 3,200 personas serán impactadas por el proyecto, el cálculo de los residentes asciende a 13 mil, una diferencia de 9,800 ciudadanos.

Ante dicho escenario, Jorge Rodríguez, morador de la parte norte de Coclé y miembro del Movimiento Campesino Unidos por la Vida, sugiere a las autoridades evaluar otras opciones como el lago Bayano, no solo por la cantidad de agua que posee, sino porque el tiempo y costo de construcción respecto a río Indio está por debajo de los 600 millones de dólares.

Le inquieta que río Indio no cuente con el caudal suficiente para abastecer el Canal y mucho menos la población, y se hable nuevamente de construir embalses en perjuicio de los afluentes del país y las nuevas generaciones.

Sostuvo que el colectivo que representa percibe que el proyecto, más que solucionar el problema de agua, prioriza el comercio y el servicio mundial a costa de su vida, trabajo, supervivencia y alimentación.

"Estos proyectos se piensan para sumar dinero y, acumular riquezas; la distribución, como siempre, en las manos de unos cuantos, mientras que el pueblo sufre las verdaderas consecuencias", afirmó.

Rodríguez es parte del grupo de panameños que no percibe las ganancias de la vía interoceánica; por ello, cuestiona la rentabilidad del embalse para los nacionales. Mencionó que los millones anuales que entrega la ACP al Tesoro Nacional no llegan a su comunidad; aún transitan por carreteras llenas de lodo, no cuentan con personal médico suficiente y las infraestructuras educativas están en mal estado.

La pregunta que más se hace el representante del Movimiento Campesino Unidos por la Vida es: ¿cómo va a vivir si le quitan su tierra?, el principal recurso de las personas que se dedican al campo para sacar adelante a su familia.

Quienes ya han pasado por este tipo de experiencias, como Saturnino Rodríguez, uno de los reubicados tras la construcción del lago Bayano, aconsejan a las comunidades de Río Indio mantenerse en su postura porque, en el pasado, muchas personas quedaron a la deriva.

Rechazó que a los campesinos e indígenas se les catalogue de "comunistas e izquierdistas" por defender su derecho a la tierra, en lugar de apoyarlos a preservar su territorio y la supervivencia de su familia.

Rodríguez, a diferencia de quienes residen en los alrededores de río Indio, no apuesta al diálogo, sino a la suspensión definitiva del proyecto porque desconfía de las intenciones de las autoridades.

El especialista en derecho ambiental Harley Mitchell, en declaraciones anteriores, recalcó que la población, en general, debe fiscalizar que las promesas de la ACP se cumplan porque el sacrificio de estas comunidades será para beneficio de todos.

Agregó que no se trata únicamente de que sean reubicados, sino de que se les garanticen las mismas o mejores condiciones de vida que tienen en estos momentos; ello incluye casas, tierras, remuneración, accesibilidad a servicios básicos y demás.

La ACP, por su parte, ha reiterado su disposición al diálogo con el objetivo de que el proyecto se ejecute en común acuerdo con los residentes, estableciendo un marco de compensación "justo y equitativo" para todos.

Este procedimiento se hará de manera individual para que cada familia defina las condiciones en las que quiere ser reubicada en un terreno contiguo a la zona en la que antes residía.

La entidad estima que la construcción de este proyecto crucial para la seguridad hídrica del país y la competitividad de la vía interoceánica iniciará en el primer trimestre de 2027.