'Una minería responsable genera valor económico y social para las comunidades'

El financiamiento ilícito, la injerencia criminal y los riesgos de captura en sectores estratégicos, especialmente en el ámbito extractivo, dominaron la agenda del primer congreso internacional sobre Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva organizado por la World Compliance Association y la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, realizado en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

Durante el congreso, el cofundador del consejo directivo del Instituto Colombiano de Abogados Administrativos, el especialista ambiental Gilberto Blanco Zúñiga, indicó que la minería ilegal se ha convertido en un fenómeno transnacional que afecta a los países de América Latina, especialmente aquellos que comparten fronteras.

Explicó que la persecución de los delitos ambientales se dificulta cuando las instituciones actúan de forma aislada, por lo que la cooperación entre el Estado, las comunidades y el sector privado resulta clave para enfrentar este fenómeno.

Según el especialista, el fortalecimiento de marcos normativos y la articulación institucional permiten mejorar la capacidad de respuesta frente a actividades criminales que afectan el medio ambiente y la gobernanza.

Blanco señaló que las operaciones mineras desarrolladas con altos estándares de gobernanza y vigilancia estatal generan beneficios económicos y sociales para las comunidades, lo que reduce la vulnerabilidad frente a actividades ilegales. Durante su intervención puso de ejemplo a Cobre Panamá.

Asimismo, destacó la importancia de promover marcos regulatorios comunes entre los países de la región que permitan disciplinar la actividad minera y fortalecer la protección ambiental.

"Una  minería responsable genera valor económico y social para las comunidades", recalcó.'

35

personas fueron detenidas en 2023 por extracción ilegal de oro con motobombas.

 

75

personas fueron detenidas en 2025 por practicar la minería ilegal.

 

Además en el encuentro, especialistas coincidieron en que la creciente capacidad del crimen organizado para infiltrarse en actividades económicas vinculadas a recursos naturales representa un desafío directo para la gobernanza, la transparencia y la toma de decisiones públicas y empresariales, lo que hace indispensable fortalecer los mecanismos de control y prevención.

El secretario ejecutivo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Elías Castillo, señaló que se realizan esfuerzos coordinados para hacer frente a los riesgos asociados a la gobernanza extractiva, incluyendo la adopción de leyes modelo orientadas a combatir el comercio ilícito y fortalecer herramientas jurídicas como la extinción de dominio.

Castillo enfatizó que, ante la creciente capacidad de los grupos criminales de suplantar o infiltrarse en funciones del Estado, especialmente en territorios ricos en recursos naturales, resulta indispensable articular estrategias conjuntas entre el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil.

Por su parte, el director de la Unidad de Análisis Financiero, Darío Herrera, subrayó la necesidad de consolidar modelos de gobernanza más estrictos que permitan prevenir riesgos, responder de manera oportuna y garantizar decisiones transparentes en sectores estratégicos.

Herrera indicó que el fortalecimiento de los mecanismos de control y su pervisión resulta fundamental para evitar que el financiamiento ilícito influya en la toma de decisiones o debilite la integridad institucional.

En el marco del foro, el especialista en cumplimiento normativo Babaji Cruz Peñaló explicó que el objetivo del encuentro fue analizar cómo la criminalidad está impactando los distintos estamentos del sector extractivo, tanto a nivel gubernamental como empresarial.

Cruz destacó que el compliance aplicado a las empresas extractivas permite fortalecer la prevención, mejorar la gestión de riesgos y promover decisiones responsables tanto en el ámbito empresarial como en el gubernamental.