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Fiscales anticorrupción sin credibilidad debido a la selectividad

Sectores jurídicos advierten de falta de objetividad del Ministerio Público en las investigaciones del escándalo de Odebrecht para proteger al Gobierno.

Redacción | nacion.pa@epasa.com | @PanamaAmerica - Actualizado:

El abogado Rosendo Rivera lamentó la ‘tapadera de estas fiscales’, a quienes señaló de pararse frente de la ciudadanía a ‘mentir descaradamente’. Foto/Panamá América

La parcialidad del Ministerio Público (MP) en las investigaciones del escándalo Odebrecht ha quedado en evidencia al demostrar diligencia para perseguir a funcionarios de la pasada administración, pero letargo cuando se trata de altos personeros del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, a pesar de que algunos de ellos incluso han confesado haber recibido dinero de la constructora brasileña.

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Diversos sectores jurídicos de la sociedad panameña coinciden en denunciar la manera en la que el MP viene llevando las investigaciones, teniendo como cara visible del proceso a las fiscales anticorrupción Tania Sterling, Vielka Broce, Ruth Morcillo y Zuleyka Moore.

De hecho, todavía persisten los ecos de fuertes críticas surgidas tras el informe a la nación ofrecido el pasado 29 de noviembre por este grupo de fiscales, en un reporte actualizado de las investigaciones en el que fungió como vocera principal la fiscal Zuleyka Moore.

"Cuando una institución como el Ministerio Público carece de credibilidad, como efectivamente carecen estas fiscales, al momento de dar sus declaraciones, nadie les cree", afirmó ayer el abogado Rosendo Rivera.

El principal cuestionamiento radica en la sospechosa selectividad con que se ha avanzado el caso, tomando en cuenta la explicación de la propia fiscal Moore, quien señaló que a la fecha, las investigaciones del escándalo Odebrecht registran 80% de avance.

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Pero al ser cuestionadas sobre allegados a Varela que también son mencionados como presuntos implicados en la trama, las fiscales del Ministerio Público detallaron que estas personas se encuentran dentro del grupo del 20% que todavía está "pendiente" de investigación o con miras a definirse si se investiga o no.

"Es lamentable que el Ministerio Público responda al poder que tiene el panameñismo en el actual gobierno para decidir a quién investigarán y a quién no", reaccionó ayer el abogado Rivera, en declaraciones al noticiero de Telemetro.

Esto se evidencia -por ejemplo- con la no investigación de Carlos Duboy, cercano colaborador de Varela y quien confesó que recibió "aportes" de entre $50 mil y $100 mil de la empresa Norberto Odebrecht en octubre del 2008, cuando fungía como subtesorero del ahora gobernante Partido Panameñista.

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Pero a pesar de su confesión, Duboy, quien sigue siendo un activo miembro del panameñismo, ha sabido sacar provecho de su cercanía con Varela para alardear de impunidad.

Otro caso similar lo ejemplifica Jaime Lasso, excónsul de Panamá en Corea del Sur, quien habría manejado $10 millones de la empresa brasileña y utilizó parte de esos fondos en la campaña del ahora presidente Varela.

Ante cuestionamiento de Panamá América, la fiscal Zuleyka Moore confirmó que Lasso, a quien denominó "el lobbista del Partido Panameñista", había reconocido que recibió fondos de Odebrecht, y que incluso explicó cómo se dieron estas "donaciones".

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción se apega al argumento de que Lasso ya fue investigado en dos procesos durante la gestión de la exprocuradora Ana Belfon, con desestimiento a su favor de posible causa por blanqueo de capitales.

Pero las afirmaciones de Moore son rechazadas por Ana Belfon, quien reiteró que "ese señor [Jaime Lasso] jamás concurrió al Ministerio Público en mi gestión ni nunca se le tomó declaración".

"Nos parece muy extraña la conducta del Ministerio Público de no ahondar en casos de funcionarios del actual gobierno, que ni siquiera han sido llamados a declarar por los fiscales. Vemos una parcialidad total frente a las investigaciones del caso Odebrecht cuando se trata de funcionarios de este gobierno", coincidió Enrique Montenegro, secretario del Frente Anticorrupción.

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