No existe una medida que afecte al Grupo Epasa

La procuradora y exsubjefa del Consejo de Seguridad Nacional, Kenia Porcell, oficializó ayer la investigación que hace un año ordenó el presidente Juan Carlos Varela y que busca desprestigiar a Editora Panamá América S.A. (Epasa), con la excusa de la presunta comisión de un delito contra el orden económico (blanqueo de capitales) en su compra.

Para guardar apariencias y no quedar en evidencia, Porcell alegó que la investigación se inició el 10 de febrero de 2017 con la denuncia del diputado panameñista Jorge Iván Arrocha, que alimentado por el Consejo de Seguridad, a cargo de Rolando López, mencionó una serie de sociedades que, aduce, aportaron dinero a la compra de Epasa a la familia Arias y en la que uno de los principales bancos involucrados es el General, del que la familia Humbert es fuerte accionista.

La funcionaria adelantó que, supuestamente, su investigación no está dirigida contra la labor informativa de ningún medio de comunicación ni línea editorial, que, por lo contrario, el Ministerio Público respeta el derecho a la libertad de información, por lo que no se afectará de ninguna manera la actividad que desarrollan los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día.

No obstante, se pretende alegar que se logró identificar dinero del Estado, a través de los fondos de la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, que supuestamente fueron utilizados para la compra del medio de comunicación. Obra que fue ganada en licitación por mejor valor por la empresa de los hermanos Ochy a Constructora Urbana.

"La maniobra económica de transferencia de los dineros fue realizada en el término de dos días, utilizando siete bancos locales y cinco extranjeros, de jurisdicción estadounidense, Suiza y China", indicó Porcell.

Durante la conferencia de prensa, Porcell sentenció a Epasa sin que haya habido audiencia o se hayan comprobado los delitos que ella alega.

Porcell aseguró que el proceso no afectará el funcionamiento del Grupo Epasa y que el Ministerio Público respeta el derecho a la libertad de expresión.

La funcionaria además indicó que no existen órdenes de allanamiento ni ninguna otra medida que limite, afecte ni lesione el pleno ejercicio y funcionamiento de la prensa panameña.

En ese sentido, el exvicepresidente Arturo Vallarino señaló que "la procuradora Porcell viola el principio de presunción de inocencia en caso @GrupoEpasa".

"Ella solo investiga, los jueces son los que deciden", agregó.

El expediente que adelanta Porcell fue blindado a los abogados del 1 al 30 de junio, sin explicación del porqué.

El abogado Gilberto Cruz, quien defiende a los trabajadores de Epasa, se refirió a la denuncia del abogado Jaime Abad, que realizó una exposición paupérrima que ha tenido repercusiones tan graves contra la libertad de expresión.

Cruz advirtió que los morteros que buscaban silenciar a Epasa no vienen de hoy, sino que hay un sinnúmero de procesos con un solo fin.

Por ello se ha tenido que tomar acciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la medida cautelar #496 del 2016, presentada por los ataques que venían ocurriendo.

"Estamos en medio de una situación donde, definitivamente, a todas luces, la deducción lógica es un algoritmo que busca callar la libertad de expresión y que atenta hoy contra estas 300 familias de los trabajadores del Grupo Epasa", sentenció.

El catedrático y candidato a decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá (UP) Leopoldo Bermúdez advirtió que la libertad de expresión no puede ser cercenada de ninguna forma.

Por ello, recomendó a las autoridades del Ministerio Público (MP) que antes de iniciar cualquier investigación, la libertad de expresión es el factor fundamental, por lo que no se pueden cerrar los medios de comunicación y dejar sin trabajo a cientos de empleados sin haber una causa justificada y plenamente comprobada de un posible delito, en este caso, por blanqueo de capitales.