Concesión de Panama Ports Company debe ser replanteada a favor de Panamá

Tras 24 años de haberse firmado la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal a Panama Ports Company (PPC), economistas y abogados aseguran que la renovación del contrato debe ser replanteada para que la empresa pague los dividendos a favor de Panamá, sin la discrecionalidad de una junta directiva.

Desde que abrió operaciones en 1997, PPC solo ha pagado 8 millones de dólares en dividendos al Estado en concepto del 10% de las acciones de la empresa.

Los resultados de la auditoría de la Contraloría revelan entre sus números que PPC al menos debió haber entregado a Panamá más de 90 millones de dólares en concepto de dividendos en sus primeros 23 años y cinco meses de concesión.

En este periodo, la Contraloría informó que PPC tuvo ingresos acumulados por $4 mil 345 millones contra supuestos desembolsos o gastos por $3 mil 435 millones. Con estos números, la empresa habría tenido que declarar utilidades por 909 millones de dólares.

El abogado Pedro Meilán, dijo que lo correcto es que PPC le pague al Estado panameño lo que le debe, pero también se debe renegociar las cláusulas oscuras que no le convienen a la Nación.

Meilán indicó que este sería el escenario perfecto y en última instancia se debe acudir a los tribunales internacionales, pero eso no le conviene al Estado porque utilizarían la auditoría de la Contraloría General a su favor.

"No pueden decir que el contrato no se puede modificar, porque cuando se hizo a favor de ellos nadie dijo nada", expresó.

El abogado consideró que la auditoría de la Contraloría General no está completa y lo único que se limitó a decir es que PPC hizo las inversiones que se había estipulado en el contrato.

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"Estoy seguro que no revisaron los periodos en que se hicieron esas inversiones, las cuales tenían un periodo prestablecido para que pudieran hacerse y estoy seguro que eso no se cumplió", expresó.

Agregó que la auditoría no dio a conocer varios temas como la tercerización de los proyectos y que cada decisión que PPC toma en el manejo de dinero a Panamá le cuesta el 10%.

"Es fácil decir ahora que ellos han cumplido, pero no se ha visto el trasfondo. Si ese dinero se consiguió en debida forma o cuales fueron los gastos que tuvo la empresa durante todo ese tiempo. También es muy fácil decir que PPC le debe al Estado $90 millones y vamos a extender el mismo contrato por 25 años más, es ilógico", añadió.

Meilán indicó que en el contrato original, PPC donde tenía que pagar $22 millones anuales, 10% en dividendos y 10% en ingresos.

Sin embargo, el gobierno de Mireya Moscoso le eliminó el 10% de los ingresos anuales y los $22 millones lo que perjudicó al Estado.

Cuando Martín Torrijos asumió el cargo como presidente, la empresa abonó a la deuda 102 millones de dólares, y se le aplicaron otros impuestos.

"Se cobró el dinero pero no se resolvió el problema porque el contrato siguió exactamente igual y ellos siguen manejando la tesis que pueden repartir los dividendos cuando ellos quieren", explicó.

Por su parte, el economista Augusto García dijo que es un contrato muy opaco y poco transparente.

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"Cuando se hizo la privatización de los puertos no hubo transparencia en el contrato y ha queda en especie de pleito jurídico", señaló.

García afirmó que debe haber una revisión total del contrato de concesión y establecer que el país tiene que tener beneficios en las operaciones de PPC.

"Si el estado decide renovar debe dejar claro los compromisos que debe pagar la empresa como los dividendos y los impuestos tal como ocurre con el resto de las empresas privatizadas. Pero si el estado decide no renovar el contrato de convocar un proceso de licitación pública", añadió.

En tanto que, el economista Olmedo Estrada considera que se debe revisar el contrato, pero no se debe desmeritar la inversión que ha hecho la empresa que supera los mil millones de dólares.

La modernización de los puertos ha generado empleos y otros beneficios de forma directa e indirecta, agregó.

Luego de una fuerte presión pública y denuncias, PPC pagó el primer millón de dólares en concepto de dividendos al Estado panameño en 2015.

No fue hasta 2017, que la junta directiva de PPC declaró ganancias por 20 millones de dólares de los que le tocó a Panamá otros 2 millones de dólares.

Y entre 2018 y 2020, la empresa entregó al Estado panameño otros 5 millones de dólares en concepto de dividendos, en la recta final de su concesión original que ahora buscan renovar automáticamente sin pasar por la Asamblea Nacional.