El FMI les dice algunas verdades crudas a los acreedores de Argentina

Quizá Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) tengan más en común de lo que quieren admitir. Para empezar, ambos están estrenando gobierno. El presidente Alberto Fernández asumió el cargo en diciembre, dos meses después de que Kristalina Georgieva se convirtiera en presidenta del fondo. Ambos dirigentes están decididos a poner en orden el desbarajuste que heredaron. Argentina no ha logrado prosperar porque lleva décadas con una deuda excesiva a cuestas. El FMI ha rescatado a la nación sudamericana varias veces. El más reciente e infructuoso rescate, ocurrido en 2018, fue la vigesimoprimera ocasión en que esa institución intervino en las finanzas del país. En este momento, sostienen conversaciones para intentar una vez más poner en orden las finanzas argentinas. Están en juego el futuro de 45 millones de argentinos, una montaña de dinero y la credibilidad de la misión que se ha fijado Georgieva para renovar el FMI.

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El FMI es el mayor acreedor de Argentina; tiene en su haber 44.000 millones de dólares del total de alrededor de 100.000 millones de dólares en bonos sujetos a legislación extranjera que Argentina pretende renegociar. La semana pasada, el fondo dejó muy claro que la deuda del país es insostenible. El crédito ya casi alcanza el 90 por ciento del producto interno bruto. La nación no se ha recuperado de la ida a pique del peso, el agotamiento de sus reservas y una amarga recesión. La austeridad necesaria para pagar la deuda en su totalidad no era “factible ni en lo económico ni en lo político”, señaló el fondo.

Lo más fácil, y en eso concuerdan Argentina y el FMI, es que los acreedores privados, quienes desde hace años han sido tan crédulos como los electores y los tecnócratas del FMI, paguen los platos rotos. En 2017, por ejemplo, se arrebataban los recién emitidos bonos soberanos a cien años de Argentina que ahora solo valen 43 centavos por dólar. Se espera que el gobierno proponga el mes entrante un plan formal de reestructuración de su deuda. Algunos acreedores se quejan porque consideran que el FMI debería absorber una proporción mayor de las pérdidas y aceptar también una reducción considerable del valor de sus activos en libros. El problema es que el fondo se creó para otorgar préstamos cuando nadie más lo hace. En consecuencia, tiene el derecho de insistir en que le paguen aunque otros acreedores no reciban su pago. Si se concreta, la reestructuración debería producir reducciones equivalentes a cerca del 10 o 20 por ciento del PIB en el principal de la deuda y los costos de intereses.

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Argentina de cualquier manera necesitará un nuevo préstamo del FMI para poder cubrir el anterior. Sin embargo, ni siquiera considerará el tipo de programa especial que el FMI suele reservar para países con una in

capacidad crónica de subsistir de acuerdo con sus posibilidades económicas. Según su experiencia, aunque estos programas otorgaban préstamos a largo plazo, estaban condicionados a requisitos estrictos de aplicar medidas de austeridad en casa. En su lugar, Argentina pretende convencer al fondo y a los ministros de finanzas del G7 de aceptar un enfoque más benévolo cuya prioridad sea el crecimiento. Esta opción está en línea con las ambiciones de Georgieva de transformar el FMI: en vez de ser el inflexible vigilante de las finanzas globales, quiere trabajar más para ayudar a los países pobres a crecer en el largo plazo.

Por desgracia, varios gobiernos argentinos, inversionistas y empleados del FMI que han contado con que el crecimiento le devuelva la salud a Argentina, al final han quedado decepcionados. El FMI debería evitarle humillación y sufrimiento innecesarios a Argentina, pero sin darles cabida a ideas fantasiosas de que podría convertirse de repente en una próspera economía emergente.

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Quizá la mejor opción para Georgieva sea aplicar un enfoque dual. En primer lugar, en vez de exigir varios requisitos detallados, el fondo debería concentrarse en establecer unos cuantos objetivos difíciles para el déficit presupuestario y la inflación y dejarle al gobierno la tarea de decidir cómo alcanzarlos: con crecimiento más rápido, si es posible, o con medidas de austeridad en caso contrario. En segundo lugar, el fondo debería hacer recomendaciones directas. No es viable domar la inflación, que se encuentra por encima del 50 por ciento al año, con solo controlar los precios y ejercer presión sobre los sindicatos de trabajadores. Las perspectivas de crecimiento de Argentina mejorarían si el gobierno gastara menos en las pensiones, los servidores públicos y las subvenciones energéticas, e invirtiera más. El crecimiento sería benéfico si la tributación fuera menos hostil hacia las exportaciones y la legislación laboral, menos desfavorable para las contrataciones. Si Argentina y el FMI en realidad quieren darle una oportunidad al crecimiento, deberían hablar con la cruda verdad. Crucemos los dedos para que la vigesimosegunda vez sea la buena.