Fiscal de Cuentas solicita a la Contraloría de la República de Panamá auditar subsidios otorgados a los albergues
Esta solicitud surge luego que se hiciera público un informe rendido por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional en el caso de los albergues y noticias publicadas en diversos medios de comunicación, donde se indica de supuestos manejos irregulares en el gasto del subsidio que otorga el Mides, para la atención de niñas, niños y adolescentes en este tipo de instalaciones.
La auditoría conocer cómo se ha manejado el subsidio otorgado por el Mides a los albergues infantiles.
La fiscal general de Cuentas Waleska Hormechea, solicitó una auditoría especial al contralor general de la República, Gerardo Solís sobre los subsidio otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a alabergues de niños, niñas y adolescentes.
Esta solicitud surge luego que se hiciera público un informe rendido por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional en el caso de los albergues y noticias publicadas en diversos medios de comunicación, donde se indica de supuestos manejos irregulares en el gasto del subsidio que otorga el Mides, para la atención de niñas, niños y adolescentes en este tipo de instalaciones.
La nota FGC-DS-071-21 con fecha del 22 de febrero de 2021, se sustenta legalmente en el numeral 3 del artículo 26 de la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008, el cual señala que corresponderá al fiscal de Cuentas solicitar a la Contraloría General de la República, cuando se tenga conocimiento por cualquier medio de la comisión de un hecho irregular que afecte el patrimonio del Estado, el examen correspondiente con el fin de determinar la corrección o incorrección de las operaciones en el manejo de los fondos o bienes públicos, así como la ampliación o la complementación del informe o de la auditoría que fundamentó los reparos.
Y es que el escándalo de abusos sexuales a decenas de menores de edad desde 2015 en albergues de Panamá supervisados por el Estado, se agravó durante las últimas horas al conocerse que existen testimonios de niñas acogidas que supuestamente fueron violadas, embarazadas y luego obligadas a abortar por "religiosos" que regentaban esos hogares.
La diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez, quien preside la comisión parlamentaria que investiga estos hechos, adelantó que hay "niñas que denuncian que religiosos les dejaban embarazadas y se cometían abortos" y que los abusos, físicos y mentales, los cometían los "internos".
Esta es la primera vez que una autoridad señala a posibles responsables de las vejaciones que sufrieron los menores y especifica los maltratos a los que eran sometidos.
La perredista no detalló a qué tipo de creencia pertenecen estos "religiosos", pero el informe ejecutivo, al que Efe tuvo acceso, detalla que la mayor parte de esos hogares "están regentados por fundaciones, oenegés y organismos de corte religioso", y en estos últimos "los de denominación evangélica superan a los católicos".
La subcomisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) creada por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia y conformada por Yesenia Rodríguez, Petita Ayarza y Gabriel Silva, quien habilitó a Walkiria Chandler, hizo público hace casi dos semanas un informe con evidencias de que en esos albergues se cometieron desde 2015 una serie de irregularidades contra decenas de menores, que provocaron condiciones "infrahumanas" para habitarlos.
Sin embargo, no descartan que haya cientos de víctimas y que sea un asunto que implique a administraciones pasadas.
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