Leyes especiales: la carga presupuestaria de la actual administración

La aprobación de leyes especiales se ha convertido en una piedra en el zapato para la actual administración, el Ejecutivo presentó ante la Asamblea Nacional de Diputados el presupuesto más alto de la historia del país, 34, 902 millones de dólares, debido al pago de deuda y salarios especiales, beneficios que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha calificado en reiteradas ocasiones de “insostenibles”, no obstante, son obligaciones que se deben cumplir.

Chapman, desde que tomó las riendas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha manifestado que no está de acuerdo con las leyes que establecen aumentos salariales dentro del sector público porque representan un gasto alto para el Estado y limitan la asignación de recursos en temas prioritarios como salud, educación, seguridad y agua. 

Reiteró, en su momento, que se debe establecer un plan para que los servidores públicos migren paulatinamente al sector privado con mejores salarios y una mayor estabilidad laboral. 

Esta carga presupuestaria, a su juicio, le resta flexibilidad al Estado porque no puede optimizar fácilmente sus gastos, al contrario, su incremento más importante proviene de estos ajustes, entre ellos, las jubilaciones a los integrantes de los estamentos de seguridad que, en algún momento, representarán más de la mitad de su planilla activa. 

“Es una obligación que está en el presupuesto general del Estado, es decir, del Gobierno. Son insostenibles e impresentables”, aseveró.

Otro beneficio que recarga al Estado, y ha sido muy cuestionado durante los últimos días, es el pago de gratificaciones y bonos navideños, sobre todo, porque el monto otorgado depende de las instituciones, en el caso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es de $500 dólares. 

El contralor de la República, Anel Flores, señaló que no cree que se deba otorgar un bono navideño a los funcionarios públicos porque su derecho al décimo tercer mes ya fue restituido por la CSJ.

“Tener dos bonificaciones, lo encuentro como un fuero y privilegio”, advirtió. 

Flores indicó que ha estado en conversaciones con los encargados de las instituciones que otorgan estos bonos para que dejen de pagarlos, ya que, ningún funcionario debería recibir doble desembolso. 

Lamentó que, ante el recurso de insistencia, utilizado por algunas entidades para debilitar el poder de la Contraloría, solo les quede dilatar estos pagos, como hicieron el año pasado, porque no pueden negarse. 

El diputado independiente, Manuel Samaniego, propone que las gratificaciones se entreguen por méritos sustentados en un informe para que la ciudadanía pueda fiscalizar el uso de estos fondos públicos. 

Reiteró que no está de acuerdo con que a todos los empleados de una institución se les otorgue este bono sin antes examinar el cumplimiento de sus funciones y tener pleno conocimiento de que se mantendrán en el cargo. 

“Yo creo que, si se va a haber algún tipo de bonificación al personal, tiene que ser por mérito y tiene que haber un informe, ya sea, por el departamento de Recursos Humanos o por alguien técnico que diga que el empleado durante el año fue brillante en su gestión”, afirmó. 

En el año 2025, se destinaron $70.4 millones al pago de gratificaciones, cifra que disminuirá a 67 millones de dólares el próximo año; sin embargo, los diputados de la Comisión de Presupuesto aún creen que es un monto “considerable” debido a que existen otras prioridades que atender.