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Normativa sobre defraudación fiscal pasa a primer debate

Aunque Panamá ha adoptado mayoritariamente los estándares internacionales en esta materia, no cumple con la recomendación que requiere que se tipifique el delito fiscal como precedente al blanqueo de capitales.

Clarissa Castillo - Actualizado:

La banca nacional perdió relaciones de corresponsalía por inclusión en lista gris

El debate del proyecto de Ley Nº 591 que propone la penalización de la defraudación fiscal, una iniciativa  que permitirá blindar al centro financiero así como a las actividades logísticas y de servicios legales de Panamá contra el posible uso de la evasión fiscal y el lavado de dinero, inició hoy en la Asamblea Nacional.
 La propuesta establece como delitos aquellos montos que superan los 300 mil dólares dentro de un periodo fiscal, no tiene como fin privar de libertad a nadie en particular  y  se establece que será el Tribunal Administrativo Tributario, la instancia que referirá los casos al Ministerio Público.
 Sobre el tema, el Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, señaló que la tipificación de  defraudación fiscal como delito es urgente debido a que el incumplimiento de las normas internacionales establecidas  conlleva serias consecuencias para una economía basada en servicios legales, financieros y logísticos como la panameña. VEA TAMBIÉN Entregarán Cepadem a 2,000 beneficiarios la próxima semana+} VEA TAMBIÉN  Cable & Wireless Panamá S.A. declara dividendos por $38,900,052 La Recomendación 3 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluye una gama de crímenes fiscales entre los delitos que deben tipificarse como  precedentes al blanqueo de capitales.  
Aunque Panamá ha adoptado mayoritariamente los estándares internacionales en esta materia, no cumple con la recomendación que requiere que se tipifique el delito fiscal como precedente al blanqueo de capitales.
 En 2014,  tras la inclusión de Panamá  en una “lista gris” de GAFI, la banca nacional perdió relaciones de corresponsalía, lo que provocó que muchos bancos no pudieran realizar transacciones internacionales. Para salir de esa lista, el Gobierno Nacional y el sector privado lograron aprobar nuevas leyes mediante las cuales se adoptaron la mayoría de los estándares internacionales.     De La Guardia subrayó que la penalización de la defraudación fiscal es controversial, pero que el debate debe hacerse responsablemente,  para ser abordado como un tema de Estado.   
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