Autoridades panameñas reiteraron el compromiso de combatir la pesca ilícita ante la comisión europea
Nuevos decretos para la pesca ilegal
Panamá fue advertida de que podría ser incluida en la lista de países no cooperantes en la protección del recurso.
Pérdidas
- Si el país es incluido en una lista de no cooperantes, se restringiría la entrada de productos pesqueros de Panamá hacia los países de la UE.
- De acuerdo con cifras de la FAO, la pesca ilegal no declarada no reglamentada genera pérdidas por ingresos entre 10 mil a 23 1,500 millones de dólares anuales.
Panamá reitera y adquiere nuevos compromisos ante la Unión Europea en la lucha contra la pesca ilegal no declarada no reglamentada (INDNR).
Es así como tres nuevos decretos de Gabinete serán implementados en temas como nuevas sanciones, ingreso de buques e inspecciones sanitarias.
Durante la reciente gira realizada por el mandatario de la República, Ricardo Martinelli, a Europa, se llevaron a cabo reuniones con autoridades panameñas y de la Comisión Europea en Bélgica.
Martinelli reiteró el compromiso del país para prevenir la pesca ilegal ante el presidente del Parlamento Europeo, José Durao Barroso. Durante la reunión se estipuló que en este mes de junio la comisión volverá a reunirse formalmente.
Raúl Delgado, director de Inspección, Vigilancia y Control de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), señaló que Panamá adquirió un compromiso mediante una carta política para ejecutar los decretos antes mencionados y que incluyen puntos específicos como nuevos sistemas de licencia, control de la pesca y en el caso de las sanciones, serán más eficaces.
Se espera que posterior a la reunión se reciba, por parte de la Unión Europea, un comunicado oficial en el que se establezcan los progresos de Panamá en la lucha contra la pesca ilegal.
En noviembre de 2012 Panamá, al igual que otros países de la región, fueron advertidos por la Comisión Europea de que se corrían el riesgo de ser considerados como países no cooperantes en la lucha contra la pesca ilegal.
A Panamá se le otorgó un plazo de seis meses para que las autoridades pertinentes realizaran los ajustes necesarios, además se hacía el llamado al diálogo y la cooperación para resolver la situación.
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