Panama Ports Company se pronuncia: 'Fallo carece de fundamento jurídico y pone en riesgo a miles de familias'

Panama Ports Company se pronunció este viernes tras el fallo  la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional su contrato. De acuerdo con la compañía han tomado   nota de la declaración emitida anoche por el Órgano Judicial en la que se afirma que la Corte Suprema  de Justicia ha decidido declarar inconstitucional la Ley N.º 5, de 16 de enero de 1997, y otras leyes relevantes.  

PPC deja claro que si bien aún no ha sido notificada de dicha decisión, el fallo es incompatible con el marco jurídico pertinente y con la ley que aprobó el  contrato que ha servido de base para las operaciones de PPC en los puertos de Balboa  y Cristóbal durante casi tres décadas, según la declaración mencionada y la  evaluación realizada por los abogados del procedimiento mencionado. 

"Este es el último desarrollo de una campaña del Estado panameño impactando a PPC  y a su inversionista por más de un año, que ha incluido un rango de  acciones  inesperadas contra la Concesión y PPC. Durante 28 años de operación, PPC y su inversionista, han invertido más de 1,800  millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, cifra que  representa múltiples veces la inversión realizada por cualquier otro operador  portuario en el país. Estas inversiones han generado miles de empleos directos e  indirectos y han sido determinantes para consolidar a Panamá como un hub portuario  y logístico de referencia mundial, atrayendo a las principales líneas navieras del  mundo y generando un impacto positivo para toda la nación", reseñan. 

Añaden que "la concesión de PPC fue producto de una licitación internacional transparente. Desde  ese tiempo, PPC ha cumplido con  sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo  auditorías realizadas por el Estado, siempre actuando con total transparencia y plena disposición de colaboración". 

También indican que el nuevo fallo, basado en información disponible, carece de fundamento jurídico y  pone en riesgo no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad  de miles de familias panameñas, que dependen directa e indirectamente de la  actividad portuaria, sino también el estado de derecho y la seguridad jurídica del país. 

"El fallo es diametralmente opuesto a fallos que ya ha emitido la Corte Suprema  respecto a contratos similares al contrato de PPC", exponen.  

De igual forma alertan sobre la campaña del Estado panameño contra su propio marco jurídico y contractual, así como contra un concesionario e inversionista diligente, continúa socavando la reputación de Panamá como una jurisdicción confiable y su posición como centro logístico competitivo a nivel global.
 
“La estabilidad institucional y legal y el respeto a los contratos son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y el estado de derecho. PPC reitera su compromiso con Panamá, con sus trabajadores, con las comunidades de Balboa y Colón, y con todos los actores, como se refleja en su cooperación continua con el Estado, a pesar de los acontecimientos del último año”, añaden.
 
Por la campaña afectando a PPC y sus inversionistas, la compañía y su inversionista continúan reservándose todos los derechos de manera permanente, incluyendo recurso a procedimientos legales e internacionales. 

“PPC y sus inversionistas siempre han buscado cooperación con el Estado panameño y reitera su llamado a la coordinación y consultas respetuosas para evitar disrupción y proteger la concesión que ha brindado servicios de alta calidad para el beneficio de Panamá y el mundo”, concluyen.