Peligra la seguridad jurídica en Panamá

 

La seguridad jurídica de las empresas que invierten en Panamá, pudiera estar en peligro, luego de que se diera el “desalojo” de la Empresa Generadora del Istmo S.A. (Genisa)  del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco para que este sea manejado por un “tercero” mediante un fideicomiso. Recientemente, el Gobierno nacional y los Caciques del área firmaron un acuerdo para poner en operación este proyecto hidroeléctrico ubicado en la provincia de Chiriquí.  Roberto Meana, administrador de la Autoridad de los Públicos Servicios (Asep) señaló que  la firma de este acuerdo se dio luego de que “la empresa Genisa comprendiera que el problema son ellos y decidieran alejarse del proyecto”.  Meana calificó el acuerdo como una decisión "práctica" y agregó que no se puede considerar como un daño a la seguridad jurídica de la empresa Genisa, porque fue la empresa y sus acreedores quienes propusieron los primeros cuatro puntos del acuerdo durante una reunión con miembros de la Comisión de Alto Nivel del gobierno. Argumentos que fueron desmentidos por la propia empresa Genisa mediante un comunicado en el cual destaca que nunca ha sido parte de dicha mesa de diálogo; sin embargo, durante este tiempo, en la misma se han tomado y se siguen tomando decisiones que han resultado en suspensiones y atrasos en la construcción y operación del proyecto. La nota agrega de la empresa que está situación se ha traducido en sobrecostos, pérdida por lucro cesante, riesgos, daños a los equipos y obras de infraestructura, entre otros.  Genisa señala que el día de ayer el Gobierno anunció la suscripción de un acuerdo con la Comisión Indígena, el cual fue informado a la empresa con posterioridad de haber sido acordado entre el Gobierno y la Comisión. GENISA no es parte de este acuerdo. Entre las cláusulas acordadas entre el Gobierno y los caciques  están: que la operación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco será manejada por un tercero independiente con suficiente experiencia para la operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas. También la creación de un fideicomiso, con aportes del Gobierno por el término de la concesión del proyecto, así como priorizar que el 50% del personal que labore en esta hidroeléctrica sea indígena, de la Comarca Ngäbe-Buglé, y campesino.  Además dentro de este acuerdo se establece la cancelación de cualquier concesión de proyectos hidroeléctricos que existan sobre el río Tabasará. Aida Michelle de Maduro, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) señaló que la situación que se está viviendo con el proyecto Barro Blanco es un precedente “nefasto” para el país, sobretodo por la forma en como se llego a ese acuerdo. A juicio de la presidenta del Conep, en  la firma de este acuerdo debieron estar presente todas las partes y no solo los representantes de los pueblos Ngäbe-Buglé y el gobierno.   "En todo diálogo deben estar involucrados, todas las partes. Uno de los actores principales no está dentro de la mesa, no puede ser que los actores estén fuera y se lleguen acuerdos que afectan la operación futura", resaltó de Maduro  La presidenta del Conep también cuestionó que el nuevo acuerdo sobre Barro Blanco es excluyente y no garantiza beneficios y generación de empleo para todo el país, porque de forma preliminar se conoce que se destinará recursos a una parte de la Comarca. "Los beneficios deben ser para todo el país, no hemos dejado de ser panameños", expresó. Para el jurista Ernesto Cedeño, en derecho administrativo si una persona tiene una concesión o un contrato público ningún gobierno lo puede “desalojar” sino es a través de  dos vías, la primera es la  resolución administrativa del contrato que se da cuando el concesionario o contratista incumple el  mismo y no se le paga nada . Agregó que la otra vía  es la del  rescate administrativo  que conlleva un pago de una indemnización a la empresa afectada. Cedeño añadió que también existe la figura del “mutuo acuerdo”, pero a su juicio es muy duro que una empresa que ha invertido dinero y que ha dejado la obra culminada en más de un 90% difícilmente va a salir de un contrato voluntariamente sin que le compense económicamente, no solo los gastos incurridos, sino sus ganancias en las  proyecciones del tiempo.  Resaltó que por ejemplo cuando se fueron los contratistas de los corredores norte y sur se les tuvo que pagar un rescate administrativo, que es la figura que más se usa en estos casos. El abogado agregó que la vicepresidenta Isabel Saint Malo destacó que no se va a   indemnizar a Genisa, pero el mismo señor presidente Juan Carlos Varela  recientemente hablo de la figura del rescate administrativo. En tanto, Jorge Gamboa destacó que el presidente de la República en el día de ayer hecho por el piso un sinnúmero de concesiones las cuales ya están concebidas al señalar que las mismas no van, lo que a su juicio también atenta contra la seguridad jurídica.