Panamá
El ministro de Comercio e Industrias hizo el anuncio y precisó que el material que queda no tiene la misma calidad que el anterior que procesó la empresa.
En estos momentos, se ejecuta una auditoría integral a la mina de cobre, como parte del proceso seguido tras el cese de operaciones. Cortesía
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó que en las próximas horas se debe divulgar la resolución que permitirá que Cobre Panamá pueda procesar y exportar el material rocoso que todavía se encuentra en los depósitos de la mina.
En su informe a la Nación, el pasado 2 de enero, el presidente José Raúl Mulino expresó que había instruido a los ministros de Comercio e Industrias, de Economía y Finanzas, y de Ambiente para que, bajo criterios estrictamente técnicos, ambientales y legales, coordinaran el procesamiento y exportación de ese material.
"Esta medida no significa la apertura o reactivación de la mina. Se trata de resolver temas pendientes del pasado, preservar el ambiente y recuperar recursos", mencionó el mandatario en aquella ocasión.
Moltó se hizo eco de estas palabras y, debido al riesgo que puede causar mantener ese material, se autorizará a la minera para que lo procese y lo exporte.
El titular advirtió que este material no tiene la misma calidad que el anterior que procesó Cobre Panamá el año pasado.
Precisamente, retomando el informe de Mulino, Panamá recibió cerca de $30 millones de la venta de concentrado que realizó la minera el año pasado, del primer material que tenía casi listo para ser enviado a otras latitudes, cuando cerró operaciones en diciembre de 2023.
Con ese recurso, el presidente especificó en su informe de enero que se destinaría para construir 100 nuevos puentes zarzos en las comarcas; la ampliación y equipamiento del centro de salud de Coclesito.
El contrato entre la minera y el Estado fue declarado inconstitucional el 28 de noviembre de 2023 y la empresa cesó operaciones a inicio de diciembre.
Una gran cantidad de material que la empresa debía procesar para luego exportar quedó en los depósitos, tras el cese de operaciones.
El año pasado se logró sacar la primera parte del material, por el que el Estado recibió $30 millones en concepto de regalías.
En estos momentos se realiza una auditoría integral a la mina, que registra avance de 88%, según información del Ministerio de Ambiente.
Además, se emplearon para mejoras eléctricas en Nueva Esperanza; la construcción de caminos de penetración y producción en Guásimo; mejoras en el sistema de captación de agua en Llano Grande y Llano Norte; la ampliación y equipamiento de la escuela de Llano Norte; generación de 5,000 nuevas plazas de Mi Primer Empleo; y contratación y equipamiento de 100 nuevos guardaparques para las áreas protegidas del Corredor Biológico Mesoamericano.
Antes de la resolución, este lunes salió publicado en la Gaceta Oficial No.30497-A, el Decreto Ejecutivo No.5 de 1 de abril de 2026, que reglamenta un artículo del Código de Recursos Minerales en materia de medidas necesarias para eliminar las condiciones peligrosas que resulten de las operaciones mineras.
En la disposición legal se definen las condiciones peligrosas dentro de la actividad minera, así como menciona el plan de preservación y gestión segura que se debe ejecutar ante el cese o abandono de una operación minera.
Por otra parte, se especifican las facultades que tendrá el Ministerio de Comercio e Industria en estos casos y las sanciones que puede imponer.
El decreto formaliza las acciones que se están ejecutando desde que el proyecto cerró operaciones.
El Código de Recursos Minerales data del 22 de agosto de 1963, cuyo decreto ley salió publicado el 13 de julio de 1964.
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