Panamá
Trastocar todo un procedimiento adoptado dejaría pérdidas a los profesionales y microempresarios y podría, incluso, atentar contra la discrecionalidad y privacidad de sus clientes.
Los artesanos y trabajadores informales también se verían perjudicados por la obligación de emplear la facturación digital. Foto: Archivo
Desde hace un mes, los abogados han encabezado una movilización de parte de profesionales de las llamadas ocupaciones liberales contra la Ley 256 de 2021 que los incluye entre los que tienen que facturar mediante la vía electrónica.
Varios recursos de inconstitucionalidad han sido presentados a la Corte Suprema de Justicia y este miércoles se entregó un proyecto de ley, mediante participación ciudadana, para derogar aquellos puntos de la norma que los obliga a implementar las máquinas fiscales.
Pero, qué implica para un profesional, artesano o artista abocarse a utilizar esta tecnología que para los gremios es considerada como violatoria del ejercicio de sus actividades productivas.
El ejemplo, lo explicó Luis Chen, presidente honorario de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (Fedap).
“Cuando usted va a un puesto de verduras, no se le expide una factura por cada yuca que compra. Ese vendedor, al final de la jornada, tiene que hacer una documentación que resume su ingreso diario y esa es la documentación obligatoria”, explicó el profesional.
Todo esto cambiaría si se hace obligatoria la facturación electrónica en estas ocupaciones de oficio y uno no se imagina a ese pequeño comerciante dándose abasto con tener que facturar a cada cliente que se le presenta.
El secretario general de la Asociación de Médicos Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), Fernando Castañeda, fue más allá y detalló que en el caso de una consulta médica, los doctores tendrían que revelar información sensitiva sobre los pacientes, la que, incluso, está protegida por otra ley.
“Y si esa información alguien la sube a las redes sociales, se haría un escándalo de un derecho violado, que es la privacidad del paciente”, indicó Castañeda.
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Si esta situación se traduce a la abogacía connota otras repercusiones que podrían ser hasta peligrosas para estos profesionales y sus clientes.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, sostuvo que ellos no promueven una irresponsabilidad tributaria ni apadrinar a malos ciudadanos que puedan tener conductas que afectan las recaudaciones del Estado.
“Pero, para eso el Estado ya tiene las herramientas y lo que le hace falta es eficacia en la puesta del funcionamiento”, resaltó el abogado.
Por otra parte, Chen explicó que el espíritu de que las actividades liberales tengan la facilidad de tasar al Estado en otra forma es que “cada uno tiene que ver que hace con su vida económica sin tener que ir a tocar la puerta para buscar un trabajo”.
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Agregó que la libertad de ejercer una profesión de oficio tiene como propósito que el ciudadano tenga toda la potestad para poder desempeñarse económicamente de manera honesta y honrada en un país donde se respeta las garantías individuales.
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