Rechazo por propuesta en Cade de liberar el mercado laboral

Gremios de trabajadores y abogados encendieron luces de alerta ante una propuesta presentada ayer por el veterano economista Guillermo Chapman ante el foro empresarial Cade-2020 con miras a flexibilizar las normas laborales en el país y permitir la entrada de personal extranjero calificado en todos los niveles, siempre y cuando cumplan con las normas de migración y de idoneidad.

Chapman presentó la propuesta laboral en la Conferencia Anual de Ejecutivos-CADE 2020, que incluye entre otras cosas, que se libere la entrada al país de mano de obra calificada.

Directamente el economista propuso la eliminación del requisito de ser nacional para todas las profesiones y oficios, sujeto a la idoneidad profesional, así como también, crear una categoría especial de inmigrantes para las personas que adquieran una vivienda, otorgándoles facilidades financieras para ello y así poder bajar el inventario de viviendas que existe actualmente.

Chapman explicó que estas reformas deben hacerse con la finalidad de que se mejore la productividad en el país que en los últimos años ha disminuido.

Hizo referencia a la rigidez en el Código de Trabajo y el costo que representa en Panamá cumplir con estas normas, lo que también es parte del problema del alto desempleo en la juventud.

Ello generó el rechazo inmediato de los trabajadores organizados y algunos gremios profesionales.

Eduardo Gil, representante de Convergencia Sindical, señaló que "lo más aberrante del sector empresarial panameño, es aprovecharse de la crisis para desmejorar las condiciones laborales, eliminar derecho, flexibilizar la norma para asegurar sus ganancia a costa de la miseria y el hambre de la clase trabajadora y la población panameña en general".

"Los asesores de la política económica panameña, que son los mismos aún cuando cambie el gobierno, son los responsables de un país profundamente desigual con grandes riquezas en pocas manos a la par de una gran parte de la población en condiciones de pobreza", destacó.

Gil indicó que a nivel mundial, las sociedades que mejor han podido hacer frente a la crisis, son las sociedad con una mayor protección de la clase trabajadora. "Es decir las sociedades en las cuales los trabajadores tienen más derechos, han tenido mejores condiciones para hacer frente a la crisis, sin embargo, el desfasado sector empresarial panameño, lo que plantea es todo lo contrario".

Por su parte el abogado Alfonso Fraguela, indicó que evidentemente todo ha sido un lineamiento que ha venido desarrollando el sector empresarial desde hace mucho tiempo, y su pretensión es utilizar lo que se denomina apertura de fronteras y conseguir mano de obra más barata, desconociendo lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, alcances y criterios que tiene el Código de Trabajo y la estabilidad de muchos profesionales.

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"Este es un subterfugio que ha venido empleando el sector empresarial, ahora amparado en la pandemia, para tratar de obtener mano de obra barata y obligar al retiro voluntario de personas que han dedicado su vida productiva a trabajar para otras personas y esto sería prácticamente establecer una violación a disposiciones constitucionales que exigen ciertas condiciones de idoneidad de profesionales", destacó Fraguela.

"Nos parece una profunda aberración y semejante barbaridad", concluyó el abogado.

Chapman trató ayer de sustentar su propuesta de una reforma al Código de Trabajo, aduciendo que se necesita una ley que facilite la negociación entre empleados y empleadores de los recargos de las jornadas extraordinarias de trabajo, programación del día de descanso y vacaciones, la suspensión temporal del empleo por razón de la caída de la demanda sin que se requiera una autorización previa del Mitradel, sujetas a una revisión posterior, así como la promoción de la productividad.

En Panamá este año la tasa de desempleo podría alcanzar un 20%, lo que se traduce en más de 300 mil personas sin un empleo.

De acuerdo con proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los mayores incrementos de la tasa de pobreza (de al menos 7 puntos porcentuales) se producirían en Argentina, Brasil, Ecuador, México y Perú. A su vez, la pobreza extrema se incrementaría principalmente en Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Nicaragua (al menos 4 puntos porcentuales).

En el Caso de Panamá adelanta un aumento en la pobreza y pobreza extrema de 2.9% y 2% respectivamente.

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