Panamá
La nueva inclusión en la lista discriminatoria, provocó que Panamá vetara la participación de empresas de ese continente en proyectos locales.
En octubre de 2024, el canciller Javier Martínez Acha sostuvo reuniones con importantes figuras de la UE y el Parlamento Europeo. Archivo
La decisión de mantener a Panamá en la lista de la Unión Europea (UE) de no cooperación en materia tributaria, generó reacción en el Gobierno, que restringió que las empresas de ese continente participen en licitación de proyectos importantes.
El presidente José Raúl Mulino comunicó la medida en sus redes sociales y agregó que ha instruido a los encargados de las entidades públicas para que se cumpla.
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"Aunque sabíamos que en esta revisión de la UE no se saldría de la lista y nos preparamos para la revisión de octubre, mantenemos la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en nuestros proyectos de aquí en adelante. Así se lo he pedido a las distintas entidades", escribió el mandatario.
La medida se toma en un año en el que el Gobierno tiene pensado lanzar su proyecto más emblemático, que es el ferrocarril Panamá-David-Frontera, por el que países europeos han mostrado interés.
El organismo europeo mantuvo a Panamá en esta lista, a espera que el país subsane sus deficiencias en materia de exenciones e intercambio de información fiscal.
Tal como lo señaló Mulino, el Gobierno daba por hecho la mantenencia de Panamá en la lista y confía en que los avances realizados a la fecha y en curso, permitirán su exclusión en "futuras revisiones", como señaló el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en un comunicado publicado en sus redes sociales.
La decisión de Mulino generó la reacción del excanciller Francisco Álvarez de Soto quien la consideró adecuada.
Es una lista establecida en 2017 y actualizada dos veces al año que agrupa a los países o jurisdicciones que se han negado o han incumplido sus compromisos de adoptar criterios de buena gobernanza fiscal en un plazo determinado.
Las actualizaciones de la lista son preparadas por el Grupo del Código de Conducta (CoCG por sus siglas en inglés), revisadas por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (Ecofin) y finalmente adoptadas por el Consejo Europeo en los meses de febrero y octubre de cada año.
Panamá inauguró la lista en 2017 y luego volvió a aparecer en octubre de 2019 y desde febrero de 2020 no falla.
"Si la UE pretende aducir incumplimiento del acuerdo Unión Europea-Centroamérica, les puede recordar sus múltiples incumplimientos de ese TLC (Tratado de Libre Comercio) en materia de comercio de servicios financieros", expresó.
En tanto, el diputado Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM) piensa que la medida es correcta.
"Panamá en razón de nuestras realidades ha sido extremadamente complaciente con países y organizaciones que nos exigen lo que ellos no practican. No se trata de salir a rofear, se trata de que nos respeten", mencionó el político en redes sociales.
El economista Raúl Moreira manifestó que desde antes que Panamá fuera incluida en las listas discriminatorias, contaba con un régimen de supervisión bancario bastante eficiente y robusto.
Agrega que, luego que se nos incluyera en estas listas, el país sigue fortaleciendo los mecanismos de supervisión bancario y financiero y, cada vez, que se estimaba que se habían cumplido las exigencias, surgían otras nuevas.
"Al final del día, de lo que se trata es que ningún país o bloque económico se debiera abrogar la potestad de imponernos un comportamiento determinado de acuerdo a su parecer o beneficio, en el caso de la Unión Europea, el derecho a exigirnos el sistema de tributación que a ellos les parece", planteó.
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