Sobornos en el extranjero serán penados
La prohibición del pago de sobornos en el extranjero de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero está limitada a las empresas norteamericanas y a las que operen en ese país.
Foto/Ilustrativa
Uno de los sellos distintivos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero ha sido que no se puede utilizar en contra de un funcionario extranjero que exija o acepte un soborno para ayudar a una empresa a obtener un contrato o mantener un negocio.
Un proyecto de ley que se presentó este mes en el Congreso busca cambiar esto. La legislación, llamada Ley para la Prevención de la Extorsión en el Extranjero, expandiría la prohibición del soborno a funcionarios extranjeros que pidan sobornos.
La prohibición del pago de sobornos en el extranjero de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero está limitada a las empresas norteamericanas y a las que operen en ese país. Siempre se ha excluido al funcionario extranjero que acepta el soborno, y a lo largo de los años los tribunales lo han reafirmado.
El proyecto de ley, que fue propuesto por demócratas y republicanos, prohibiría que un funcionario extranjero acepte un soborno de conformidad con el estatuto federal antisobornos, 18 U.S.C. § 201, en vez de conforme a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
La propuesta también decretaría que un funcionario extranjero cometería un crimen, “salvo que la ley disponga lo contrario para el cumplimiento del control de las autoridades”, si exige o acepta cualquier cosa de valor para ser influenciado en el desempeño de responsabilidades oficiales.
Un problema potencial para el Departamento de Justicia, si la propuesta se convierte en ley, es si se extraditaría a los funcionarios extranjeros a EE.UU. para enfrentar la imputación. Si la persona sigue activa en sus funciones, el gobierno extranjero podría mostrarse reacio a enviar a la persona. Sin embargo, es muy probable que un auto de procesamiento penal limite los lugares a donde podría viajar el funcionario extranjero. El acusado tendría que evitar países que tengan un tratado de extradición con Estados Unidos.
La legislación facilitaría llevar una acción penal en contra de un funcionario extranjero. El Departamento de Justicia no tendría que demostrar una relación con Estados Unidos fuera del pago hecho por una empresa estadounidense. Una cuestión diferente es que esto dé como resultado un número mayor de imputaciones.