MEF ordena destitución de funcionarios involucrados en caso DGI

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ordenó la desvinculación inmediata de todos los funcionarios vinculados al entramado de corrupción a lo interno de la Dirección Nacional de Ingresos (DGI) y el congelamiento de trámites que incluyan créditos fiscales bajo sospecha.

La entidad también solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría integral para identificar las fallas y vulnerabilidades del sistema.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció que la desviación de créditos fiscales inició hace "muchos años", captando funcionarios y burlando los controles estatales, sin embargo, esta administración está enfocada en proteger los recursos públicos y garantizar la transparencia de la administración tributaria.

Aseguró que las investigaciones del Ministerio Público avanzan, respetando el debido proceso de los presuntos involucrados, y quienes resulten responsables tendrán que responder ante la justicia como establece la ley.

"Panamá cuenta con el talento e instituciones capaces de detectar irregularidades, actuar con firmeza y corregir su sistema", dijo.

Chapman reiteró que su compromiso es proteger la seguridad jurídica, preservar la confianza en el país y consolidar una administración tributaria más transparente, moderna y eficiente; no obstante, los ciudadanos exigen que se actúe con la misma severidad contra quienes no han sido incluidos en las investigaciones, pero estaban al tanto de la operación.

Sostienen que los bancos que adquirieron estos "créditos fiscales" también deben rendir cuentas, pese a haber actuado de buena fe para dar con todos los responsables en este hecho que, además de atentar contra el Estado, repercute en la reputación del país a nivel internacional.

El abogado Omar Sing comparte el clamor ciudadano, afirmando que lo que necesita la población es que el Ministerio Público (MP) siente en el banquillo de los acusados a los "peces gordos".

La lesión al Estado, a su juicio, no son 40 millones de dólares como se ha mencionado, sino más de 150 millones; por ello, es indispensable que las pesquisas avancen con rapidez y eficiencia.

Las autoridades lograron la aprehensión e imputación de 16 personas por supuesta corrupción de servidores públicos, delincuencia organizada, blanqueo de capitales y delito contra la fe pública.

Durante el acto de audiencia se conoció que los funcionarios con acceso al sistema informático e-Tax 2.0 presuntamente desviaban pagos reales de los contribuyentes, convirtiéndolos en "créditos fiscales" que luego eran vendidos a entidades bancarias.

Las empresas que se beneficiaron de esta irregularidad, de acuerdo con el jurista y contador Raúl Molina, tendrán que volver a pagar sus impuestos pese a desconocer el hecho, pues al tratarse de créditos que resultaron ser falsos, la DGI debe anularlos.

Sugiere que las indagaciones se enfoquen en los administradores de la plataforma vulnerada, ya que para manipularla se necesita una autorización por código que solo poseen los usuarios con jerarquía.