Sugieren nuevo acuerdo; empresa muestra disposición

Luego de tres meses de análisis, la comisión interministerial presentó ayer, miércoles, al presidente José Raúl Mulino sus recomendaciones sobre la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón.

El grupo, conformado por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y Ambiente, Juan Carlos Navarro, sugirió al Ejecutivo autorizar el inicio de negociaciones formales con la empresa minera para evaluar la viabilidad de establecer un nuevo acuerdo que permita finiquitar los arbitrajes internacionales pendientes y fijar las condiciones para una puesta en marcha, como paso previo a un cese ordenado de las operaciones.

Moltó aclaró que el documento no autoriza nuevas contrataciones ni representa una decisión respecto al futuro de la industria en el país; al contrario, ofrece al mandatario un panorama de la situación, sustentado en datos verificables.

Explicó que cualquier medida que se adopte debe respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la soberanía del Estado sobre sus riquezas, garantizar la estabilidad financiera del país y priorizar las necesidades de las comunidades aledañas al proyecto.

Panamá, señaló Chapman, ha dejado de exportar $6.8 millones y de entregar al fisco $1.3 millones diarios, como consecuencia del cierre de la mina en el año 2023; por ello, es importante poner fin a la "incertidumbre" que existe en torno al tema.

"La indecisión no es prudencia. Postergar una decisión sobre la mina tiene un precio y lo está pagando el país todos los días; de una manera u otra, afecta a cada panameño", dijo.

El ministro Navarro lamentó que la actual administración cargue con "un muerto ajeno"; sin embargo, reiteró que harán frente a la situación de manera ordenada y responsable.'

1.3

millones de dólares ha dejado de entregar Panamá al fisco, como consecuencia del cierre de la mina de cobre.

 

144

mil personas, según la comisión interministerial, perdieron sus empleos tras el cese.

 

Abogó porque en este proceso de negociación se incluya la creación de un mecanismo que destine recursos a un plan operado por el Ministerio de Ambiente para preservar el entorno natural.

El presidente, por su parte, aseguró que se tomará el tiempo que considere necesario para evaluar el informe, pues no pretende repetir los errores de administraciones anteriores.

La empresa Cobre Panamá manifestó, a través de un comunicado, su disposición de trabajar con el Gobierno para garantizar "sólidas salvaguardas ambientales, una supervisión efectiva y un monitoreo transparente" de la mina.

Agregó que está a la espera de que las autoridades definan los próximos pasos a seguir en la búsqueda de una solución viable a largo plazo para todas las partes interesadas.

El presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), Severo Sousa, respaldó las recomendaciones de la comisión interministerial e indicó que un acuerdo con la empresa minera no solo conllevaría el retiro de los arbitrajes que, en este momento, se encuentran suspendidos, sino también un manejo adecuado del ambiente e ingresos para las comunidades cercanas.

Aunque aún se desconoce el modelo de negocio que establecerá el Estado con la minera, Sousa considera, con base en los resultados de la auditoría, que Cobre Panamá "está suficientemente calificada para continuar con la operación".

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) estima viable que se establezcan relaciones formales, no vinculantes, con la compañía y que la decisión que se adopte no genere impacto en las finanzas públicas.

El presidente del gremio, Aurelio Barría Pino, calificó de "muy favorable" que el Gobierno priorice a las comunidades aledañas a la mina y a los pequeños empresarios en su dictamen y que se acate el fallo de la CSJ, dejando abierta la posibilidad de entablar una nueva relación con la empresa.