Abogado confía que tribunal otorgue amparo de garantías
El recurso está en manos del Primer Tribunal Superior. A su vez, se reúne con organismos regionales para que denuncien el atentado a la libertad de expresión.
La semana pasada, trabajadores de Grupo Epasa protestaron contra el posible cierre de la empresa a causa de un fallo judicial. Foto: Archivo
La defensa legal del Grupo Epasa se encuentra a la espera del fallo de un amparo de garantías entregado al Primer Tribunal Superior de Justicia y en forma simultánea establece reuniones con organismos internacionales para que se haga un nuevo llamado al país sobre el grave precedente que sienta en el país el fallo del caso New Business.
Gilberto Cruz, abogado de la empresa, recordó que en el quinquenio pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) visitó Panamá para ver este caso e hizo un llamado de atención al gobierno de turno, acerca del riesgo al respeto y preserva del derecho de la libertad de expresión con situaciones como las que atraviesa Epasa.
Una vez conocido el fallo en primera instancia del caso New Business, la SIP se declaró en alerta y manifestó que permanecería vigilante ante las posibles implicaciones para la libertad de prensa que podrían derivar de su incautación.
"La propiedad privada de un medio es indispensable para garantizar la libertad de prensa y el derecho del público a la información", detalló la organización en un comunicado divulgado un día después de la decisión judicial.
Epasa fue condenada con el comiso de sus acciones y la toma del control administrativo y operativo por el caso New Business, a pesar de que ni siquiera formó parte del expediente ni fue llamado a la audiencia para defenderse como sociedad jurídica legalemente constituida.
"El mensaje que se envía es que aquí uno invierte y desarrolla un negocio y el día de mañana, sin ser escuchado, le quitan ese derecho de asociación que está en la Constitución", comparó Cruz al espacio informativo digital Dumas Informa, del periodista Rigoberto Dumas Castillero.
Agregó que es un hito nefasto en contra de la seguridad jurídica, además de la libertad de prensa y el derecho del trabajo, al poner el riesgo el ingreso de más de 100 personas que laboran en la empresa.
La fiscalía contra el crimen organizado, que llevó adelante las sumarias sobre este expediente nunca llamó a responder a Epasa como persona jurídica, ya que nunca la vinculó en su lista fiscal, ya que la operación de los diarios del grupo no tenía que ver con la investigación de la compra, explicó el abogado.
El caso New Business siempre fue visto en el seno de la SIP como una campaña de intimidación contra la línea editorial de los diarios de Editora Panamá América.
En su asamblea general celebrada en octubre de 2017, la SIP se refirió al caso, como una manera de intimidar a Epasa, "debido a las informaciones relacionadas con casos de corrupción (del gobierno de Juan Carlos Varela) que han publicado".
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