Cambio en el Ministerio Público daría giro a casos lentos del círculo de poder de Cortizo
A pesar de las múltiples denuncias presentadas contra funcionarios de poder de la administración de Laurentino Cortizo, los avances han sido nulos.
Rafael Sabonge, Bernardo Meneses, Luis Francisco Sucre y Luis Oliva están involucrados en escándalos. Archivo
Funcionarios de jerarquía de la pasada administración están inmersos en múltiples escándalos. Además de los otrora jefes del Ejecutivo, Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo, exministros y exdirectores ya tienen sobre sus hombros denuncias tras las supuestas anomalías cometidas durante su gestión.
De ellos, uno de los casos más sonados involucra al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, cuyos presuntos excesos han puesto en jaque la institución y las becas de miles de estudiantes.
Pero Meneses no está solo. Otros nombres de peso del quinquenio pasado, como Rafael Sabonge, exministro de Obras Públicas; Luis Francisco Sucre, extitular del Ministerio de Salud, y Luis Oliva (AIG) lo acompañan.
Varias denuncias ya reposan en el Ministerio Público a la espera de acciones que garanticen certeza de castigo, no obstante, a pesar de las figuras que involucran, aún no hay pasos en esta dirección.
Para que el panorama cambie habría que esperar hasta el otro año. El abogado Alfonso Fraguela considera que el escenario legal no tendrá gran variación hasta el 1 de enero, cuando ingrese el nuevo Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy.
"Es por todos conocido, que las denuncias presentadas contra Cortizo y Carrizo, no han avanzado pese a que han pedido en el Parlacen su juramentación para postergar cualquier avance en ese sentido. Y si sumamos la poca actividad del Ministerio Público, que está en proceso de despedida, podríamos calificar que han corrido con suerte", apuntó el jurista.
De acuerdo con el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, esta misma fortuna, aparentemente, también ha salpicado a los que fueron sus subalternos.
"Igual situación pasa con Sabonge, Meneses y el resto, que, aunque no poseen fuero, los alcanzaron los pasos torpes del Ministerio Público durante este proceso de investigación. La esperanza del pueblo panameño está apostada a la llegada del nuevo Procurador y el inicio de su gestión", agregó Fraguela.
A juicio de Fraguela, la actividad de investigación se ha centrado en detener casos como los Martinellis falsos, algunos casos de corrupción puntuales, más no se ha visto ninguna intención de profundizar en las pesquisas para dar con la detención de altas figuras y personajes ligados al círculo de poder de la administración Cortizo-Carrizo.
Las denuncias contra Meneses empezaron antes que la administración Cortizo llegara a su final. En octubre de 2022, el abogado Abdiel González lo denunció por el presunto delito de peculado de uso, extralimitación de funciones y presunta malversación de fondos públicos. Mientras que la nueva administración del Ifarhu ha presentado cinco denuncias ante el Ministerio Público por el tema de los auxilios económicos contra quien resulte responsable.
González, asimismo, presentó otra denuncia, en esta ocasión contra el exministro del MOP, Rafael Sabonge, por la pérdida de 600 vigas las cuales estarían destinadas a la reparación del puente de las Américas.
La argumentación de la denuncia presentada por González se basa en que Sabonge podría haber incurrido en presuntos delitos contra la administración pública, en los que se incluyen supuesto peculado culposo y omisión de deberes. A juicio del denunciante se requirió maquinaria y coordinación para movilizar el material.
Mientras que ante la Fiscalía Anticorrupción, el abogado Luciano Sánchez interpuso una denuncia contra el exjefe del Minsa, Luis Sucre, por presunto peculado en la compra de perforadoras de pozos.
El gobierno denunció que las perforadoras fueron pagadas por adelantado; sin embargo, los equipos fueron entregados físicamente el 30 de junio de 2024, un día antes de finalizar la gestión de Sucre.
En el caso de la AIG fue el propio subadministrador, Luis Stoute, quien puso la denuncia por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública tras las irregularidades detectadas en el uso de software que se utilizó para la plataforma del Vale Digital y que involucrarían a Luis Oliva.