Confirman que clientes de Mossack & Fonseca eran intermediarios
- Redacción / panamaamerica@epasa.com
En algunas jurisdicciones como en el caso de Nevada, Estados Unidos, aún no están exigidos por ley contar con esa información.
Las últimas publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) confirman que la mayoría de los clientes de Mossack & Fonseca eran intermediarios regulados, como: bancos, fiduciarias, abogados, contadores, entre otros, y conocían al 75% de los beneficarios finales, tal como se había indicado desde los mal llamados Panama Papers.
Todo indica el (ICIJ) que desde que la firma Mossack & Fonseca abrió operaciones en 1977 hasta el 2015, los agentes registrados no tenían la obligación de conocer los beneficiarios de los clientes regulados.
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En el BVI, la jurisdicción mantenían más 70% de sus incorporaciones, la ley comenzó a exigir que a partir del 1 de enero de 2017, se debía tener la información del beneficiario final de las sociedades incorporadas. En Panamá, está obligación empezó a requerirse desde que entró en vigencia la Ley 23 de abril de 2015.
Esto significa que la firma no tenía la obligación de saber cuáles eran los beneficiarios finales de estas sociedades, ya que en la mayoría de los casos estas personas, incluyendo personalidades de renombrada fama eran clientes de los intermediarios, no nuestra. "Durante dos años hemos alegado que no teníamos contactos directo con ellos, solo con su intermedio que no estaba obligado a darnos su nombre", señala una nota de la firma.
En algunas jurisdicciones como en el caso de Nevada, Estados Unidos, aún no están exigidos por ley contar con esa información.
Las publicaciones también ignoran las buenas practicas de cumplimiento establecidas desde antes de que se exigiesen por ley y tampoco indican ante los cambios de leyes del 2015 y 2017, la firma mantenía políticas y requerimientos más estrictos que las leyes establecidas. Resulta obvio que a partir del cambio de la legislación, la firma volcó sus esfuerzos para cumplir con las nuevas regulaciones.
La desaparecida firma condena la tergiversación con datos fuera de contexto y publicaciones amarillistas tratando de hacer ver que esta fue promotora de ilegalidades, cuando el delito real fue el robo de su información.
Las acciones por parte de este grupo usando la máscara de periodistas, confirman que responden a una agenda mediática que solo busca atacar el sistema y de servicios de Panamá.
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