Corte Suprema se alista para declinar competencia en caso contra Ricardo Martinelli

Después de más de cinco meses de que Ricardo Martinelli renunciara al Parlamento Centroamericano (Parlacen) se espera que la próxima semana por fin la Corte Suprema de Justicia se reúna para declinar su competencia en el caso de los supuestos pinchazos.

Se espera que el próximo jueves 29 de noviembre se defina el fondo del amparo de garantías constitucionales donde el magistrado Oydén Ortega reconoce que esa corporación perdió la facultad de juzgar al expresidente Ricardo Martinelli.

Transcurrido todo este tiempo, la única explicación (no jurídica) para que la Corte siga viendo este caso es la obstinación del magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía.

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Pero la próxima semana podría darse la estocada final para sus pretensiones de ubicarse por encima de la ley y del criterio de la mayoría del Pleno (hizo alarde de esto en la audiencia del pasado 19 de noviembre).

La declinación de competencia que sustenta Ortega lleva la contundencia de la Carta Magna: La Corte Suprema de Justicia conoce privativamente de los casos de los diputados, entre otros, y Martinelli ya no es diputado.

Trascendió que al menos 7 magistrados comparten el criterio de Ortega. Solo Abel Zamorano y Luis Mario Carrasco (suplente de Mejía), votarían en contra.

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El proyecto de Oydén Ortega destruye la tesis de Jerónimo Mejía de que no existe disposición que diga que la competencia de la Corte pueda variar una vez se ha presentado una acusación contra un diputado.

Ortega advierte que Mejía, para sustentar su criterio de competencia, se remite a artículos del Código Judicial como el 233 , cuando el artículo 31 del Código Procesal Penal fija la competencia de los jueces y tribunales penales para conocer de determinados procesos por razón de territorio, por la pena, por factores de conexidad y por la calidad de las partes.

Ortega sostiene, además, que el artículo 39 le da competencia al Pleno para conocer de los procesos penales contra los diputados, siempre y cuando estén ejerciendo dicho cargo al tiempo de su juzgamiento, por lo que al existir una norma especial en cuanto a la regulación de la competencia en los procesos penales, no es necesario remitirse a las disposiciones del Código Judicial, toda vez que el Código de Procedimiento Penal es el instrumento legal adecuado.

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Ortega advierte que mantener el caso Martinelli en la Corte viola el debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución, que establece que nadie será juzgado sino por "autoridad competente".

El magistrado de "garantías" Jerónimo Mejía volvió a exclamar esta semana que es el "único funcionario que tiene la competencia exclusiva, para determinar qué es competente" en el caso pinchazos.

Mejía hasta irrespetó a su colega Oydén Ortega al tildar de "absurda" la interpretación de este en cuanto a que la Corte Suprema de Justicia perdió competencia para conocer el caso.