Empresaria habría recibido comisión del 2% por créditos

La comercialización de créditos fiscales provenientes de la Dirección General de Ingresos (DGI) habría generado una comisión del 2% para Karen Lorena Pittí, una empresaria vinculada a la investigación Pandora por supuestamente triangular, a través de la compañía Master Eco Green, los pagos de la operación, cuya lesión al Estado supera los 40 millones de dólares.

Pittí, según las investigaciones del Ministerio Público (MP), era una especie de intermediaria entre los vendedores y compradores; recibía en al menos tres cuentas bancarias a su nombre los desembolsos de las denominadas "sociedades canasta" por la transacción para luego distribuirlos.

Dichos fondos tenían como destino rutinario las cuentas de Adolfo Cosme Quintero, a quien ella misma ha identificado como el verdadero beneficiario de la sociedad y su expareja, y Carlos Enrique Ferguson, que presuntamente los utilizaban para remunerar a los funcionarios de la DGI por su labor.

La empresaria, revelaron las indagaciones, fraccionaba el dinero de la venta de créditos fiscales a entidades como BAC International Bank en montos superiores a los 8 millones de dólares y los transfería a terceros.

"Ella es el engranaje que recibe los dineros con los que se realizaba el pago a los funcionarios de la DGI", subrayó Emeldo Márquez, fiscal especializado contra la delincuencia organizada en el acto de audiencia.

Dichas acciones, sostuvo Márquez, representan delitos graves; por ello, solicitó la revocatoria de la medida de detención domiciliaria impuesta por la jueza de garantías a Pittí tras considerar que existen riesgos para la investigación, pues podría ponerse en contacto con otros presuntos implicados o traspasar los bienes inmuebles que, de acuerdo con las pesquisas, adquirió a raíz de este esquema.

El abogado defensor argumentó que su cliente no tenía conocimiento de la operación, solo seguía órdenes de la persona con la que en algún momento tuvo una relación sentimental (Quintero) y le hacía creer que todo era legal, respaldando la transacción en una entidad bancaria de renombre.

21

personas están siendo investigadas por la manipulación del sistema informático e-Tax 2.0.

 

40

millones de dólares, lesión al Estado, pero no se descarta que la cifra sea mayor.

 

Negó que su representada fuera "era el cerebro" del esquema, pues no tenía contacto con los funcionarios de la DGI ni manipuló el sistema e-Tax 2.0. Además, desde su aprehensión ha manifestado a las autoridades su disposición de colaborar en la investigación, destacando que sus declaraciones han permitido la vinculación de otras personas al caso.

El jurista rechazó que exista peligro de afectación de pruebas, como señaló la Fiscalía, y pidió al Tribunal considerar, al igual que la jueza de garantías, que Pittí padece de sangrados en el cerebro, ansiedad y depresión, condiciones médicas que, producto de la situación, se intensifican. Por tanto, solicitó que se mantenga la detención domiciliaria.

Engaño

La empresaria, antes de culminar la audiencia, se dirigió al Tribunal entre sollozos, recalcando ser una persona honesta que se dejó manipular por su expareja, pues no tenía conocimiento de la ilegalidad de la transacción ni de que había una orden de aprehensión en su contra.

"No sabía de créditos fiscales, me lo maquillaron, me engañaron", puntualizó.

Insistió en que nunca utilizaría su compañía para un negocio ilícito; por ello, compartió con la Fiscalía el historial de sus conversaciones con Quinterno y espera que se tomen en cuenta sus problemas de salud, ya que tiene hijos aguardando por ella en casa.

Decisión

La decisión del Tribunal Superior de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio sobre las solicitudes de revocatoria de medidas cautelares a siete de los implicados en el caso Pandora se conocerá el jueves 6 de agosto a las 2:00 p.m.